Estos recortes se demuestran con resoluciones firmadas por la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, y relativas al Programa de Zonas con Necesidad de Transformación Social en Andalucía, que es a día de hoy el único de todos los programas anuales que se llevan a cabo en los ayuntamientos que ha resuelto la Junta de Andalucía.
Si a ello se suma “la inoperancia e inactividad de la administración andaluza a la hora de activar los servicios sociales comunitarios, que llevan estancados hace muchos años al no aumentar sus recursos, a pesar del aumento espectacular del número de personas necesitadas de los servicios sociales básicos, hace que los problemas estructurales de esas zonas se multipliquen, castigando también a las arcas municipales, que deben suplir la falta de financiación a la que está obligada la Junta para atender las necesidades más apremiantes de las personas de sus municipios”, asegura textualmente la proposición.
Por otro lado, la proposición también indica que “el Gobierno andaluz no ha sido capaz de avanzar en los servicios sociales comunitarios modificando y profundizando en la competencia municipal y su financiación, que todavía se rige por la Ley de 1988”. Igualmente, “el Gobierno andaluz no ha podido sacar adelante la Ley de Inclusión Social de Andalucía, que ha sido una demanda ampliamente solicitada por muchos de los colectivos sociales que se dedican a la atención de las personas en situación de exclusión social”. El Plan de Inclusión Social, que se aprobó para el periodo 2003-2006 no ha tenido su continuidad “antes al contrario, la atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad andaluza, las personas sin hogar, los barrios marginales, el chabolismo, ha sido recortada de forma radical por el gobierno andaluz”.
La proposición incide en que se trata de “competencias que legalmente corresponden a la administración autonómica y que a lo largo de los años han ido transfiriéndose a las Corporaciones Locales, pero al no ir acompañadas de la financiación necesaria, han tenido que desarrollarse a través de convocatorias de subvenciones y firmas de convenios, establecidos unilateralmente por la Consejería respectiva y que ahora son las que se ven reducidas drásticamente, con la consiguiente puesta en peligro de la ejecución de estos programas sociales tan básicos e irrenunciables para cualquier administración sensata y responsable”.
La Junta de Andalucía está llevando a cabo en 2011 recortes sociales en estos programas por encima del 60 por ciento con respecto a 2010. El ‘tijeretazo’ es generalizado en toda Andalucía y así, por ejemplo, en la provincia de Cádiz se ha producido un recorte del 42,86 por ciento, ya que se recibieron en 2010, 70.000 euros por los 40.000 euros que se han percibido este año.
Este recorte va a suponer igualmente el despido de muchos profesionales que se dedican a la intervención en las zonas más deprimidas de Andalucía. “A la vista de estos datos, es llamativo y sorprendente que el gobierno andaluz se preocupe tanto por los supuestos recortes en otras comunidades autónomas, y tan poco por los recortes y el tijeretazo real que está llevando el PSOE a cabo en toda Andalucía”.
Por todo ello, la proposición insta al gobierno andaluz a que:
-De marcha atrás y no aplique el drástico recorte previsto para este año en servicios sociales tan básicos, manteniendo al menos lo consignado en el año 2010, pese a que éste ya registró una importante disminución con respecto a los ejercicios anteriores.
-Afronte el grave problema que genera a las Corporaciones Locales la prestación de los servicios impropios en sustitución de la administración andaluza, que o bien hace dejación de funciones en el ejercicio de sus competencias, o bien elude acompañar y dotar de la financiación necesaria la transferencia de competencias a los ayuntamientos.
Por otro lado, el Pleno se pronunciará sobre la propuesta que insta al actual Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a incrementar las trasferencias de crédito asignadas al Ayuntamiento de Jerez para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, reforzando a nuestra Corporación Local para el ejercicio de unas competencias que deben llevar aparejadas la financiación suficiente.
El esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Jerez, supera el 33 por ciento para situarlo en el ejercicio 2011 en el 84,94 por ciento, lo que supone una aportación de 8.021.530,84 euros, incluido gastos de los 8 Centros de Servicios Sociales y Centro Coordinador, frente al 10,80 por ciento de aportación por parte de la Junta de Andalucía (1.020.087,85 euros, lo que supone la subida de IPC respecto a la anterior anualidad) y el 4,25 por ciento del Estado Central (401.694,13 euros, lo que supone un decremento de aportación de 44.340,80 euros respecto a la anterior anualidad). En su conjunto, la financiación externa, continúa sin llegar siquiera al mínimo de 7,21 euros por habitante/año, tal como se recoge por Ley, situándose en un 6,80 por ciento por habitante.
Ciudad de la Justicia
Como asunto urgente, el Pleno debatirá la propuesta que insta a la Junta de Andalucía a que de manera inmediata adopte una decisión sobre la ubicación en Jerez de la futura Ciudad de la Justicia, y a que comience también inmediatamente los expedientes precisos para su construcción y consiguiente puesta en funcionamiento.
La propuesta establece que “con fecha 28 de julio de 2011 se envió al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, por parte de la Alcaldesa, un escrito en el que se realizaban dos propuestas de suelo como los más adecuados para la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia. Dichas propuestas consistían en una parcela propiedad de la Junta de Andalucía sita en la Avenida Medina Sidonia, y en otra propiedad del Ayuntamiento sita en la Avenida Chema Rodríguez, enfrente del Estado Municipal Chapín, manifestándose que ésta última es la más idónea por su situación, accesos y forma regular”.
“Hasta la fecha no se ha recibido contestación alguna por parte de la Delegación de Gobierno, con lo que se sigue prolongando una situación que, por la escasez de espacios, dispersión y obsolescencia de las instalaciones actuales demanda una solución inminente, máxime cuando se trata de la prestación de un servicio tan esencial como es la Administración de Justicia”.
