Díaz y Gago imputados en un delito urbanístico

Nuevo caso de corrupción urbanista en la ciudad. Tras la detención de nueve personas en el pasado mes de marzo, en la jornada de ayer se conoció la imputación de los exalcaldes Hernán Díaz y Fernando Gago, y otras 33 personas más que han sido acusadas de delitos relacionados con la corrupción urbanística en una operación llevaba a cabo por la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción número 3 de El Puerto.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que la operación, denominada “Suministro”, ha llevado a la imputación de estas 35 personas, entre ellas los políticos de Independientes Portuenses que gobernaron el municipio, por delitos de urbanismo ilegal relacionados con la concesión de licencias para edificar en suelo no urbanizable, legalización de viviendas en suelos no autorizados o falsedad documental.

Además de Hernán Díaz, ya imputado en otros sumarios sobre urbanismo ilegal, han sido imputado, Fernando Gago, que sustituyó al anterior cuando éste fue inhabilitado; el exjefe de Disciplina Urbanística del municipio, Fernando Jiménez Fornell y el exconcejal Juan Carlos Rodríguez, así como dos promotores, un ingeniero técnico industrial y particulares que se beneficiaron de la trama. La operación, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz, se basa en denuncias formuladas desde la Fiscalía de Medio Ambiente y que ahora instruye el titular del juzgado de instrucción número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena. Las denuncias investigan casos de corrupción urbanística ocurridos entre 1993 y 2006, periodo en el que Independientes Portuenses gobernó el municipio.

El pasado marzo el mismo juzgado realizó otra operación contra el urbanismo ilegal en la que fueron detenidos el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y el exjefe del servicio de licencias urbanísticas, Fernando Jiménez Fornell, ahora imputados nuevamente, junto a otras nueve personas. En esta actuación, se llevó a cabo una investigación en la que también se imputaron delitos de especulación urbanística a varios responsables municipales durante el gobierno de Independientes Portuenses. En esta ocasión, los presuntos delitos se cometieron entre los años 2004 y 2007.