El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 22 de enero el decreto que incluye un nuevo gravamen temporal sobre las empresas energéticas para 2025, una medida que no apoyan PP, PNV ni Junts, cuyos votos son cruciales para que la norma salga adelante.
Fue en el último Consejo de Ministros del año cuando el Gobierno aprobó este nuevo gravamen para el ejercicio de 2025, tal como prometió a ERC, Bildu y BNG. Y es que, aunque la tasa ya se aplicaba el año pasado, esta quedó derogada con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición a instancias del PP para ese propósito. Esta cláusula consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.
El nuevo gravamen incluye bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
En concreto, cuenta con una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que tendrá que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica.
EL GOBIERNO DECIDE QUE INVERSIONES SON ESTRATÉGICAS
Dichas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
Asimismo, tendrán que formar parte de un plan de inversiones estratégicas para la transición ecológica y, para aplicarse la bonificación fiscal, las energéticas obligadas a pagar este gravamen tendrán que solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado sobre si las inversiones recogidas en el plan cumplen la consideración de inversiones estratégicas.
El departamento que lidera Sara Aagesen deberá notificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud, el correspondiente informe motivado, que tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria. Transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya producido notificación alguna, se entenderá que el silencio es negativo.
JUNTS RECHAZA QUE EL GOBIERNO SEA QUIEN DECIDE LAS INVERSIONES
Y precisamente que sea el Gobierno el que decida que inversiones son o no estratégicas es algo que rechaza Junts. Los de Carles Puigdemont también vienen rechazando el gravamen porque podría poner en riesgo grandes inversiones en Cataluña, como los 1.100 millones que Iberdrola tiene pensados invertir en Tarragona para un proyecto petroquímico.
De su lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya dijo que por parte de su partido "el voto es no" al considerar que la tasa "rompe el principio de relaciones con las comunidades forales, tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra", pues al ser un gravamen no está permitido que estas lo gestionen y recauden.
También queda por ver lo que votará Podemos, que en reiteradas ocasiones ha rechazado la fórmula del gravamen porque quiere un impuesto.
