Transparencia en la financiación y adecuar las leyes ante bulos y desinformación
El
presidente de Club Abierto de Editores (Clabe), Arsenio Escolar, ha planteado varias iniciativas para l
uchar contra la desinformación, los bulos y las noticias falsas, que pasan por una
mayor transparencia en la financiación y control de la audiencia de los medios y adecuar la
legislación vigente ante el impacto de las n
uevas tecnologías, contando siempre con el
consenso del sector.
Arsenio Escolar, como presidente de una entidad que aglutina a
191 empresas que editan unas 1.300 cabeceras diferentes de todos los ámbitos, entre ellas Publicaciones del Sur, compareció este miércoles ante la
Comisión de Calidad Democrática del Congreso para tratar sobre el impacto de la desinformación y medidas para combatirla desde el periodismo, la política y la sociedad civil.
En su extensa exposición, Escolar dejó claro que
la desinformación “no es un fenómeno nuevo” y que la
mentira siempre ha sido utilizada como “
arma política y social”, aunque ha sido la
digitalización lo que “ha multiplicado su alcance y eficacia”. “Las redes sociales y las plataformas digitales, con sus algoritmos que priorizan la viralidad sobre la veracidad, se han convertido en
potentes amplificadores de bulos y noticias falsas”, una desinformación que, insistía, “afecta a la democracia en múltiples niveles”.
“La inmensa mayoría de los editores de prensa vemos con una
enorme preocupación el reciente fenómeno de la desinformación. La credibilidad y la confianza de la ciudadanía son pilares esenciales para el ejercicio de un
periodismo responsable y para la
supervivencia de la prensa, tan importante en democracia”, apuntaba.
Ante esta realidad, planteaba una serie de medidas que desde los medios de comunicación se pueden llevar a cabo, como
reforzar los códigos éticos y las buenas prácticas periodísticas; priorizar la
verificación de la información y la transparencia en la identificación de las
fuentes; mecanismos de
autorregulación rigurosos; colaborar con las plataformas digitales para
identificar y eliminar contenidos falsos o engañosos; y promover la
alfabetización mediática, educando a la ciudadanía para que pueda identificar la desinformación y valorar las fuentes confiables.
Para Escolar, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (
EMFA) “representa una
oportunidad para fortalecer la libertad, la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación” y para garantizarlo plantean una
mayor transparencia, en la propiedad de los medios, en su financiación, en la asignación de la publicidad institucional; en la medición de audiencias y en las grandes plataformas en línea. Esa transparencia es “
crucial para garantizar la confianza de la ciudadanía, la competencia justa y la protección de la independencia editorial”.
El presidente de Clabe ve fundamental abrir un
debate a fondo sobre los
medios públicos para fortalecer su
independencia y profesionalización, pero también una reforma del sistema de
medición de audiencias, para que sean “
visibles, transparentes y confiables”, adaptado a la era digital para que sea “
precisa, confiable, independiente y verificable” porque “los datos sesgados o incompletos pueden distorsionar la distribución de la inversión publicitaria, favoreciendo a ciertos actores y dejando a otros sin recursos suficientes para sostener su operación”.
Clabe apoya el EMFA y reconoce su importancia para
garantizar la libertad, la pluralidad y la independencia de los medios de comunicación, pero considera que “la autorregulación debe complementarse con
medidas regulatorias que emanen del consenso general, del diálogo transparente y sincero entre todos los agentes del sector, asociaciones empresariales de editores y de profesionales de la información, fuerzas políticas y sindicales y el Gobierno”, a los que unen
programas de alfabetización mediática, “educando a la ciudadanía para que pueda identificar la desinformación y valorar las publicaciones confiables”.
Respecto al
registro de medios de comunicación propuesto por el Gobierno de España, Clabe lo considera una
“iniciativa positiva” aunque antes de ver en qué organismo se ubicaría, “debe abrir antes un
diálogo con el sector para establecer con qué criterios se va a generar ese registro y qué usos se le van a dar”, al entender que hay reformas regulatorias pendientes, más aún tras el cambio estructural que ha supuesto la irrupción de las nuevas tecnologías e internet.
“
Se hace urgente y necesaria una adecuación de la legislación española en materia de medios de comunicación para adaptarse a la
nueva realidad digital y garantizar un equilibrio entre la
libertad informativa, la protección de derechos fundamentales y la lucha contra la desinformación en la sociedad digital”, apunta Escolar.
Entre los
aspectos a regular, el respeto a los
derechos de propiedad intelectual, la
asunción de responsabilidades por parte de los nuevos agentes en la producción y distribución de contenidos e informaciones, el
uso de algoritmos para la captación de audiencias, la
garantía en el acceso a medios de comunicación fiables “sin importar donde vivan”, porque el “aislamiento informativo tiene consecuencias graves y es un factor de riesgo ante las maniobras de desestabilización basadas en la desinformación”.
Escolar considera
“insuficiente” el plan de ayudas de 125 millones para fortalecer y digitalizar los medios de comunicación del Gobierno, aunque lo ve “una
oportunidad para transformar y modernizar el ecosistema mediático”. Y le pone deberes al Ejecutivo: que la
asignación de ayudas sea proporcional y segmentada, con
criterios objetivos más allá de la audiencia o el alcanza; una reserva para fomentar la
innovación tecnológica;
apoyo a la digitalización de medios pequeños; incentivos para
colaboración entre medios, y, sobre todo, una a
uditoría y transparencia en la distribución de los fondos.
