El PSOE, Por Andalucía y Adelante piden un debate general sobre los contratos del SAS

El PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía ha registrado este lunes una petición para celebrar en el Parlamento regional un debate general que aborde los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante los años posteriores a la pandemia y que está investigando un juzgado de instrucción de Sevilla.

En rueda de prensa, el coordinador de Presidencia del grupo parlamentario socialista, Rafael Márquez, ha anunciado que su partido ha presentado una batería de iniciativas, entre ellas la petición de comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y, de manera "conjunta", con el resto de los grupos de izquierda una petición de debate general.

Márquez ha pedido a Juanma Moreno, que "dé la cara" ante una situación de "mucha gravedad", por lo que ha reclamado que comparezca en la Cámara andaluza para informar de los motivos por los que se siguieron realizando contratos de emergencia utilizando la normativa covid cuando ya había pasado la pandemia.

El dirigente socialista, que ha destacado que las manifestaciones de este pasado fin de semana en Andalucía en protesta por la situación de la sanidad son una prueba del "malestar de la calle" ante la gestión del Gobierno regional, ha subrayado la necesidad de explicaciones ante las últimas novedades judiciales sobre estas contrataciones.

Se ha referido a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado -y el juzgado de instrucción 13 de Sevilla se lo ha admitido- la realización de un paquete de diligencias encaminadas a conocer el conjunto de expedientes tramitados como contratos de emergencia en el periodo 2021-2023 con lo que se pretende dilucidar "en qué términos" se han producido.

Márquez ha indicado que estas diligencias pretenden llegar "hasta el final" para conocer cual fue "el papel" del Consejo de Gobierno acerca de este sistema de contratación y saber "por qué el Consejo de Gobierno eliminó los controles previos de la contratación de emergencia en octubre de 2020, justo antes de iniciar este 'modus operandi".

"Las diligencias ponen de manifiesto que ya no es una cuestión menor, de trámite y de escasa trascendencia como dice el señor Moreno Bonilla", ha recalcado Márquez, quien se ha referido también a la existencia de un informe de la Intervención sobre las contrataciones de emergencia en los años 2022 y 2023.

Ha acusado a Moreno de mantener este informe "guardado en un cajón", que tiene fecha definitiva de julio de este año pero que en marzo era de carácter provisional, y ha añadido que ha tenido que ser un juez "el que le haya obligado a tener que darlo a conocer", por lo que se demuestra que es "un sistema irregular".

Se trata, según el dirigente socialista, de un informe "demoledor" que confirma la "solidez" de la denuncia del PSOE y la "extrema gravedad" de lo denunciado porque "afecta ya incluso" a los contratos de 2024.

Ha apuntado que la Intervención de la Junta "pone la lupa" en la ejecución de los contratos, aludiendo a que en el 100 % de los expedientes analizados faltan las preceptivas actas de recepción de los ejecutado, por lo que se demuestra que "no se han hecho las comprobaciones necesarias para la preceptiva ejecución de lo contratado".

"Esto tumba los únicos argumentos jurídicos que arguye el señor Moreno Bonilla para avalar que no hay una contratación irregular", ha reiterado Márquez, quien ha añadido que es de "enorme gravedad" también que no solo se ha estado manteniendo este 'modus operandi' desde el año 2021 hasta el 2023 sino también al 2024.

Según el coordinador de Presidencia del grupo socialista, desde la Gerencia del SAS se han estado firmando adendas desde julio de 2024 "con hasta ocho empresas de la sanidad privada" en las que se siguió aumentando las cantidades máximas contratadas con ellas, y todo ello pese a las "peregrinas justificaciones" de la Junta.

El PSOE, además de la batería de iniciativas parlamentarias, está trabajando con sus servicios jurídicos en la ampliación de la querella que tiene presentada en el juzgado 13 de Sevilla con el objetivo de "recabar nuevas diligencias" porque la situación es "excepcional" y por tanto el Gobierno andaluz debe "dar la cara".