El Congreso da el penúltimo impulso a la ley ELA que los pacientes desean desde hace años

El pleno del Congreso aprobará previsiblemente este jueves la ley ELA, que agilizará la evaluación de dependencia, garantizará cuidados las 24 horas a pacientes en fase avanzada y protegerá a los cuidadores de las personas con esta y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

El proyecto que saldrá hoy de la Cámara Baja, que ya cuenta con el aval unánime de todos los grupos y de las asociaciones de pacientes, solo tendrá que afrontar un último paso en el Senado; con él, se pondrá fin al anhelo de las 3.000 personas con ELA y sus cuidadores de contar con una ley que mejore su calidad de vida después de casi tres años de retraso en su tramitación.

Tras el acuerdo alcanzado por PP, PSOE, Sumar y Junts, la ley va más allá de las personas con ELA y se aplicará también a las aquejadas de procesos irreversibles y de alta complejidad, neurológicos o no, que cumplan unos determinados criterios, entre ellos no haber tenido una respuesta significativa al tratamiento o no dispongan de alternativas terapéuticas y que precisen coordinación de cuidados sanitarios y sociales.

Pese al consenso político, el PP ya dejó claro que estará atento a que la ley se dote con 250 millones de euros al año para garantizar el cumplimiento de sus medidas.

Entre ellas, el texto supondrá agilizar el reconocimiento de su discapacidad y dependencia y la creación de un procedimiento de urgencia para la revisión de casos con un plazo máximo de tres meses.

Los que estén en estados avanzados de su enfermedad dispondrán de una asistencia continuada durante 24 horas y aquellos que dependan de dispositivos eléctricos tendrán garantizado el suministro y contarán con bonificaciones de las tarifas y la instalación de sistemas alternativos cuando se produzcan cortes de energía.

También dedica un hueco a sus cuidadores, de manera que recoge la capacitación específica de los que han dejado su empleo para dedicarse al dependiente, que podrán mantener la base de cotización de su anterior trabajo sin que afecte a su pensión futura.

Además, la futura ley crea un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, con datos sobre su prevalencia.

Una vez aprobada, serán las comunidades autónomas las que, en ejercicio de sus competencias, desarrollen los aspectos sociales y sanitarios para su correcta aplicación.