La Audiencia Nacional revisa este lunes el procesamiento de cuatro exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, en 1997, que alegan que la causa ha prescrito, tesis que apoya la Fiscalía en tres de los casos.
El juez Manuel García Castellón, recientemente jubilado y al que correspondió investigar este atentado en el mismo momento en que se produjo, el 12 de julio de 1997, reabrió esta causa en 2022 tras admitir a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia contra la cúpula de ETA en aquel entonces por este crimen.
Hace unos meses, el magistrado procesó por estos hechos a Soledad Iparraguirre, Anboto; Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; José Javier Ruiz Arizkuren, Kantauri; y Mikel Albisu, Mikel Antza, todos miembros del comité ejecutivo de ETA en esa fecha, julio de 1997.
Los cuatro recurrieron en reforma el procesamiento -ante el mismo juez que lo dictó-, y la Fiscalía se adhirió a tres de los recursos al entender también que la causa ha prescrito en esos casos al haber transcurrido más de 20 años desde que se produjo el hecho delictivo. No así para Kantauri, dado que se dictó su procesamiento en 2016, antes de que venciera el plazo para la prescripción.
Un plazo que debe tomarse en consideración desde "la perpetración del hecho delictivo, sin atención a la integración en la banda terrorista y el momento del cese de esa integración a consecuencia de su detención", según el fiscal Carlos García-Berro, quien se ha hecho cargo recientemente de esta causa, en la que el asunto de la prescripción ha sido fruto de discrepancias incluso entre fiscales.
Frente a esta tesis se sitúan las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP, que consideran que nada impide que los estos cuatro exjefes etarras se sienten en el banquillo por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía por los que han sido procesados.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal será la encargada de dirimir la cuestión por medio de esta vista de apelación en la que cada una de las partes expondrá sus argumentos.
Cuando García Castellón rechazó el recurso de reforma, recordó que la prescripción ya fue invocada y resuelta por esta misma sección cuarta, que desestimó la pretensión de los investigados, y señaló que, en todo caso, esta cuestión "puede reproducirse en el momento del juicio".
