Miles de agricultores -unos 12.000 según las organizaciones agrarias convocantes y 7.000 según la Policía Local- se han manifestado hoy por las calles de Córdoba en defensa del sector oleícola y para exigir la activación del almacenamiento privado del aceite que, de momento, la CE se niega a autorizar.

Esta movilización ha coincidido con la visita a España del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, quien ha insistido en que, actualmente, no se dan las condiciones para que se apruebe el almacenamiento privado para el aceite de oliva y ha pedido al Gobierno "más información" para poder evaluar si se aprueba en el próximo Comité de Gestión, que se celebrará a mediados de abril.

Las organizaciones agrarias que han convocado esta movilización -ASAJA, COAG y UPA y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA)- han lamentado la decisión de Ciolos -incluso el secretario de Organización de COAG-Andalucía, Eduardo López, le ha calificado de "cobarde y farsante"- y han asegurado que las manifestaciones continuarán hasta que la CE autorice el almacenamiento privado del aceite.

De hecho, el presidente sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias, Rafael Sánchez, ha asegurado que los agricultores continuarán movilizándose hasta que el almacenamiento sea una "realidad" y ha indicado que dentro de 14 días se celebrará otra manifestación en Toledo y después en Mérida.

Ha sostenido que se cumplen los requisitos para autorizar el almacenamiento que, según ha explicado, es el único mecanismo que puede aliviar la situación del sector a corto plazo.

Por su parte, el secretario general de COAG-Córdoba, Francisco Garrido, ha asegurado que el almacenamiento se puede permitir siempre y cuando exista una "grave perturbación" del mercado, que es lo que ocurre actualmente, con cinco años consecutivos de pérdida de renta agraria y tres vendiendo muy por debajo de los costes de producción, ha advertido.

Garrido ha lamentado que al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no le interese el sector agrario y ha indicado que los anuncios que hizo sobre medidas fiscales y tarifas eléctricas para el sector se han quedado en papel mojado.

El secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, no ha querido centrar exclusivamente las reivindicaciones de su organización en el almacenamiento privado del aceite porque, según ha dicho, es una medida coyuntural y puntual que "al final se activará" pero que no solucionará de forma definitiva el problema de fondo que padecen más de 400.000 olivareros en Andalucía.

Así, Rodríguez ha propuesto dos medidas que, en su opinión, resolvería el grueso del problema de los precios.

La primera de estas propuestas pasa por eliminar la venta a pérdidas porque no es posible seguir "reventando oferta tras oferta un producto de primera calidad del que depende buena parte de la renta de más de 300 pueblos en Andalucía", ha advertido.

Y la segunda se centra en la necesaria unidad de las cooperativas para contrarrestar el desequilibrio existente entre la distribución que compran cinco y la producción que venden 1.700.

Por su parte, el presidente de Asaja-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado la necesidad de controlar la subida de la electricidad y los tributos sobre el gasóleo

Esta manifestación es la segunda de las previstas en el calendario nacional, que tiene como objetivo, a corto plazo, lograr la activación de las ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva puesto que se trata de uno de los sectores más afectados por la crisis y que acumula cinco años de pérdida continuada de renta, registrando en esta campaña los precios más bajos de la última década.

Sin embargo, las organizaciones agrarias y cooperativas han subrayado que, aunque la jornada reivindicativa tiene su origen en los problemas del sector oleícola, existen otros problemas en el sector agrario, como las distorsiones de la cadena alimentaria, medidas fiscales para agricultores y ganaderos, mecanismos de regulación del mercado y respeto al principio de preferencia comunitaria en los acuerdos con países terceros, entre otras.