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Andalucía

El 35% de los Juzgados de Violencia de Género tienen un exceso de cargas de trabajo

El Gobierno ha informado de que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de 27 localidades de 77 tienen cargas de trabajo que exceden su capacidad

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  • Juzgado de violencia de género. -

El Gobierno ha informado de que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de 27 localidades de 77 tienen cargas de trabajo que exceden su capacidad.

En una respuesta escrita registrada en el Congreso de los Diputados, recogida por Europa Press, el Gobierno reconoce que un total de 7 Juzgados de Violencia sobre la Mujer presentaban en 2022 índices de saturación (carga de trabajo) en más de un 30%, de un total de 77 módulos contabilizados, de los cuales 20 también están saturados hasta un 30% de su capacidad.

Así, los 50 juzgados de violencia de género sobre la mujer restantes no alcanzaron a llenar el módulo, según indica el Ministerio de Justicia y los datos referenciados a 31 de diciembre de 2022. Los juzgados más saturados fueron los de Islas Baleares, Castellón, Almería, Málaga, Madrid, Murcia y Córdoba.

En concreto, el juzgado de Palma fue el más saturado con un porcentaje del 162,1% de ocupación, y le sigue el de Villa-real con un 158,3% y el de Almería con un 150,6%.

Asimismo, el de Málaga registró una cifra de 150,3% de ocupación, el de Alcalá de Henares un 145,2%, el de Murcia 143% y el de Córdoba, un 130,4%.

En el escrito, el Gobierno recuerda que desde la entrada en vigor, el 29 de junio de 2005, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, se han creado y constituido un total de 121 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos y se cuenta con 328 compatibles en el resto de los partidos judiciales.

Y, según indica, en cumplimiento de este mandato legal, continúa con la implantación paulatina de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer junto a la compatibilización.

El Gobierno ha respondido así a una pregunta registrada por la diputada del Grupo Parlamentario Sumar Engracia Rivera (IU) en la Cámara Baja en la que cuestionaba si la distribución desigual de los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer comporta una desigualdad en la atención integral de la víctima.

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