En este sentido, Ybarra señala que “una vez más, Ecologistas cunfunde su papel con el de una formación política que concurriese a las elecciones y necesitase desgastar al partido en el Gobierno para obtener más votos”. Igualmente, aclara que “la notificación a la que hacen alusión la recibieron en el mes de julio, concretamente el día 14, pero debieron calcular que no tendría el mismo efecto mediático en verano y han esperado hasta ahora”.
La edil popular afirma que lo que se ha rechazado por el silencio administrativo, es decir que al no dárseles respuesta se considera no admitido, es el recurso que presentaron a un decreto de Juan Carlos Rodríguez, ex edil de Urbanismo, en 12007, cuestión ésta que ni legaliza ni tiene relación con la legalización de viivendas a que hacen alusión.
“En sus escritos se nos conminaba a presentarlo a Fiscalía por prevaricación, cuestión ésta que no se correspondía con las posibilidades de actuación y que- en cualquier caso, podían haber llevado directamente como han hecho con tantos otros temas que no se sostenían”, añade. Así mismo, indica que “es cierto que, cuando se caduca el expediente sobre la edificación ilegal por el anterior concejal en el decreto de 2007 no era cierta esta caducidad y está así acreditado en el expediente, y eso es precisamente lo que los ecologistas recurren, pero no darle respuesta es responsabilidad del jefe de servicio de Licencias y Disciplinas, y puede entenderse dentro de la carga de trabajo soportada por estos servicios, y no a una determinación política”.
Continúa explicando que “este equipo de Gobierno no estaba conforme con la gestión que se estaba haciendo de la Disciplina y promovió la separación de los servicios, mientras que creaba la nueva plaza de la jefatura del servicio se pasaron las competencias a la asesoría jurídica de Urbanismo, que los asumió junto a su trabajo habitual. Es decir, que por parte de este equipo de Gobierno no puede suponerse en modo alguno inactividad o falta de celo ni decisiones que afectasen a la legalidad urbanística, ni por supuesto sobre los funcionarios”.
Por todo entiende que no es lógico que “en el ejercicio de la bis política de Ecologistas” exista el constante cuestionamiento de la actuación del equipo de Gobierno y los funcionarios, especificamente en materia de disciplina, máxime cuando conocen las diferencias entre éste y el anterior gobierno.
Además, asegura que se ha actuado de la única manera que se podía cuando se retomó la actuaciones urbanísticas en el traspaso de competencias de uno a otro gobierno en el año de las elecciones.
