El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la querella interpuesta por el secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, contra el senador del PP por Almería Rafael Hernando ya que considera que cuando le achacó el "llevarse a su bolsillo" 80.000 euros para "dos estudios que se fabricó" en la UAL lo hizo en el "marco de una crítica política" entre partidos "contendientes".

El Alto Tribunal remarca que las declaraciones de Hernando a los medios de comunicación fueron al "finalizar un mitin" en la anterior campaña electoral "como consecuencia de un debate sobre la Memoria Histórica, de interés público relevante" y que entran "en el ejercicio" de las libertades de expresión e información.

El auto, consultado por Europa Press, resuelve no admitir a trámite la querella por un delito de calumnias y un delito continuado de injurias hechas con publicidad en la que Martínez reclama 20.000 euros para destinar al pago de "las exhumaciones de las víctimas de la guerra civil y del Franquismo" y remite al informe de la Fiscalía que subrayó que su condición de parlamentario "le protege, además, su libertad de expresión, al amparo del derecho de inviolabilidad por opiniones que exprese".

Indica el Supremo que, analizadas las expresiones vertidas por Hernando en su contexto, sí se hace una "insinuación velada" pero matiza que se "vislumbra la finalidad de la crítica cuando se dice que Martínez recibió 80.000 euros para dos estudios en la Universidad de Almería (UAL) cuyos resultados no hemos conocido ni se han difundido".

Señala, en esta línea, que cuando el secretario de Estado de Memoria Histórica asegura "que sí se hicieron estos trabajos, referidos a dos proyectos de investigación que fueron auditados en 2012 y 2013 y que dieron lugar a la publicación de libros, artículos, y tesis doctorales", es "intrascendente en un foro de debate sobre un tema de tanta trascendencia social".

"La disputa se mueve, por consiguiente, en un marco en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyen, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor", remarca el Alto Tribuna.

Al hilo de esto, añade que el derecho al honor, en estos casos, "se debilita proporcionalmente como límite externo de las libertades de expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general".

El auto subraya que esta es una premisa que requiere el "pluralismo político para no correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión" y concluye que esto, "sin duda, resulta indeseable en un Estado democrático".

Hace referencia, asimismo, el Supremo a la "inviolabilidad" por la condición de parlamentario de Rafael Hernando y recuerda que "no queda reducida a la utilización de la palabra en la tribuna de oradores o desde el escaño que ocupa en el hemiciclo" sino que se extiende a se extiende también a "manifestaciones vertidas en los pasillos o dependencias de la Cámara y no desaparece bruscamente por el hecho de traspasar el umbral del recinto parlamentario".

"La representación popular de la que está investido el parlamentario tiene carácter ambulatorio y acompaña a éstos donde quiera que se encuentren y ejerzan sus funciones representativas sin cortes ni intermitencias temporales", finaliza en alusión al contexto de mitin en campaña electoral en el que se hicieron las declaraciones objeto de la querella.

CRUCE DE ACUSACIONES

El socialista Fernando Martínez presentó la querella tras calificar de "auténtica patraña inventada" las acusaciones efectuadas en marzo de 2019 por el "diputado cunero y candidato del PP" que, según aseguró, no estaba "dispuesto a transigir".

Así, puntualizó que entre 2008 y 2011 se presentaron por parte de la Universidad de Almería, a través de un grupo de investigación bajo su coordinación, varios proyectos a un concurso público convocado por el Ministerio de Presidencia para realizar diferentes estudios sobre "masonería, exilio y responsabilidades políticas".

En este sentido, detalló que se recibieron en torno a 63.000 euros para dos proyectos en los que participaron varias universidades andaluzas, de los que surgieron las publicaciones 'La masonería en Andalucía y la represión durante el Franquismo' y 'El botín de guerra en Andalucía', editados por Biblioteca Nueva, y 'Los andaluces en el exilio del 39', editado por el Centro de Estudios Andaluces.

"Se mandaron los informes y resultados correspondientes al Ministerio de la Presidencia", ha añadido Martínez, quien afirmó además que los trabajos fueron fiscalizados por el órgano académico y están respaldados por "grupos de investigación potentes", ya que los fondos no fueron concedido a él personalmente.

Con ello, insistió en el correcto empleo dado a las subvenciones. "No me he llevado ningún duro y va a tener que responder este ciudadano, que es un auténtico provocador, en los tribunales", añadió tras recordar que las convocatorias para acceder a las subvenciones se realizaron por concurso público y a ellas accedieron otros grupos de la universidad así como asociaciones memorialistas.

La reacción del catedrático llegó después de que Hernando criticara la "estafa" y el "engaño" con el que, a su juicio, Martínez habría empleado fondos de un departamento que ha estado "al servicio económico de los intereses particulares" del director general, puesto que en este caso, dichos fondos "sirvieron no para recuperar la memoria de nadie" ni para "buscar a nadie no sé en qué cunetas" sino para que Martínez "se llevara el dinero".

El dirigente popular, quien afeó que el PSOE ubicase a Martínez en puestos de salida para las elecciones de abril de 2019, insistió en que al tiempo que recibió una dotación para sus investigaciones como catedrático en la universidad, otros 137.000 euros "fueron a parar a la asociación organizada o que vicepresidía la madre de una anterior diputada del PSOE", Sonia Ferrer Tesoro.

En este sentido, aludió además a la condición de senadora que tuvo entre 1993 y 1996 la representante de la asociación para la recuperación de la memoria histórica 'Rocamar', cuya hija entró como diputada en las Cortes por primera vez en 2015. "El dinero, sea la causa que sea, no está para financiar chiringuitos de nadie", añadió Hernando.