Una familia ha sido desalojada este lunes por orden judicial de una casa propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ubicada en el barrio de El Puche, en Almería, después de que fuera "vendida ilegalmente" en septiembre de 2015 por su legítimo adjudicatario "pese a que ambas partes conocían la prohibición expresa de transmitir el inmueble, que es propiedad de la Administración andaluza".

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que señala que con esta acción "cumple la legalidad y vela por quienes respetan la ley en los procesos de adjudicación de viviendas". Asimismo, ha indicado que el lanzamiento ejecutado en el número 6 de la calle Mairena a primera hora se ha realizado "sin incidentes".

El Gobierno andaluz abrió expediente de desahucio a los ocupantes de dicho inmueble con el fin de recuperar la vivienda, que forma parte del parque público residencial en alquiler de la Junta. El Gobierno andaluz ha insistido en que ambas partes sabían que la casa pertenecía a la Administración andaluza, "circunstancia ésta que también conocían cuando hicieron el negocio", por lo que el titular adjudicatario ha sido denunciado por AVRA en el juzgado y ante la Fiscalía.

"La familia afectada no acudió en ningún momento a AVRA para solicitar información previa a la 'compra' de la vivienda", ha añadido la Junta, que ha explicado que la agencia, "nada más conocer tal circunstancia en el proceso de verificación de las viviendas de su parque residencial, puso en marcha el correspondiente expediente para la recuperación del inmueble".

En el proceso de tramitación, la familia afectada no ha interpuesto "en ningún momento" recurso alguno contra dicho expediente, que se inició y se ha desarrollado, hasta finalizar con el desalojo de la familia, "desde el convencimiento de que la Junta de Andalucía tiene que cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, que obliga a actuar contra quienes ocupan de forma ilícita una vivienda".

La familia que ha sido desalojada no es usuaria de los Servicios Sociales municipales, pese a que desde AVRA se le ha instado reiteradamente a que recurriera a dichas dependencias para que fuera baremada y analizada su situación. Tampoco ha participado en la convocatoria que realizó el pasado verano la Agencia en El Puche, para crear la bolsa de solicitantes de viviendas en el barrio, aunque ha estado informada de dicha convocatoria por parte de las trabajadoras sociales de AVRA.

Igualmente, según ha puntualizado la Administración autonómica, "ha rechazado las alternativas de alojamiento que se han puesto a su alcance en los últimos meses, prefiriendo en todo momento mantenerse en la vivienda que finalmente han tenido que abandonar hoy por decisión judicial".

"RESPETO A LA NORMATIVA"

Con esta acción la Consejería de Fomento y Vivienda ha querido "velar por los intereses de las familias que, teniendo necesidad de vivienda, respetan la normativa vigente", de modo que la vivienda recuperada será entregada a una familia cuyo perfil se adapte a las características del inmueble y que tras haber sido baremada, se encuentre en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema de vivienda.

"La Junta dará cumplimiento una vez más al mandato legal que determina la función social de la vivienda pública, como ha ocurrido en casos parecidos a éste", han manifestado antes de señalar otro caso reciente de una vivienda de Granada cuya ocupante intentó el pasado verano mantenerse en su interior, junto a su hija menor, con apoyo de las plataformas antidesahucios, pero que finalmente "ha depuesto su actitud, abandonando la vivienda para que pueda ser adjudicada a otra familia que la necesita".

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación tiene en marcha decenas de expedientes por ocupación irregular de viviendas en El Puche, abiertos a partir del trabajo de verificación que se realiza en el barrio, y que permite detectar los inmuebles que están ocupados por familias no adjudicatarias.

De esos expedientes, una veintena están ya resueltos y por lo tanto, habrán de ser ejecutados en las próximas semanas. La mayoría de esos expedientes afectan a familias inmigrantes que han ocupado las viviendas sin ningún tipo de autorización por parte de AVRA, titular de dichos inmuebles.