La consejera de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha avanzado que los servicios jurídicos están estudiando "qué acciones legales seguimos emprendiendo" en relación a la sentencia que declara, en firme, la conformidad a derecho de la licencia municipal del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) y que faculta a la promotora para que pueda reanudar las obras que se paralizaron a un 94 por ciento.
Al tiempo, Serrano ha pedido, desde el "máximo respeto" a la justicia, "celeridad" al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la hora de resolver sobre la autorización judicial solicitada por la Junta para poder entrar en la finca y tomar posesión de ella en ejecución de la sentencia firme que le da la propiedad del suelo del sector urbanístico ST-1 por 2,3 millones de euros y que "decidimos formalizar para evitar precisamente esa reanudación", según ha recordado.
Antes de participar en un acto en la barriada de El Puche, en la capital almeriense, e interpelada sobre si el Gobierno andaluz se plantea pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia que valida la licencia como ya anunciaron colectivos ecologistas, ha emplazado a qué los servicios jurídicos "analicen" el auto dictado por el TSJA el pasado día 5 para "determinar qué acciones legales seguimos emprendiendo".
Cabe recordar que la Sección Primera, con ponencia del magistrado Rafael Toledano, rechazó anular la citada sentencia ya que sostiene que no se ha producido "ninguna" vulneración de derechos fundamentales ya que, para fallar en este sentido, se analizaron "extensa y exhaustivamente" las alegaciones que argumentaban que el hotel se construyó en espacio no urbanizable e invadiendo la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre fijada en 100 metros.
Serrano ha reiterado que, desde la administración autonómica, "no se entiende" que el Alto Tribunal andaluz se haya pronunciado mediante este auto "antes de esperar a la resolución" del Tribunal Supremo (TS) que debe decidir si el suelo es urbanizable o, por el contrario, de especial protección por sus valores medioambientales.
"Con todos mis respetos, debería haber esperado a ese pronunciamiento porque hay que recordar que hay dos sentencias contradictorias del mismo tribunal, misma sala aunque diferente sección, y que en una de ellas se nos instaba, incluso, a elevar la protección mientras que en otra resolvía que la finca era urbanizable", ha trasladado.
Con respecto al procedimiento que valida el derecho de retracto ejercido en 2006, ha recordado que, si bien la intención del Gobierno andaluz era esperar a que existiese "seguridad jurídica" en torno a esta cuestión al estar recurridas ante el TS dos de las tres sentencias que lo avalan, "decidimos formalizarlo en verano ante la sentencia de 31 de julio de 2014 que declaraba la licencia válida para evitar la reanudación de las obras".
"Solo pedimos, desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, celeridad tanto al TSJA como al TS para que se pronuncien lo más rápido posible para cumplir con lo que determinen en un caso que lleva demasiado años en los medios, que los ciudadanos no entienden y que es el exponente claro de lo que nunca debimos permitir y sobre el que el Gobierno andaluz ha puesto una línea roja clara", ha concluido.
