La Fiscalía solicita penas de 18 meses de prisión para los gerentes de tres empresas agrícolas de Almería acusados de extraer de manera "ilegal" más de 1,7 metros cúbicos de agua a través de un pozo y de causar durante dos años un "perjuicio severo" a un acuífero "que ya se encontraba en un mal estado cuantitativo".
El Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente e interesa que los tres abonen una indemnización, de forma conjunta y solidaria, de 343.249,92 euros a la Junta de Andalucía "por el daño" infligido "al dominio público hidráulico".
El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, indica que, en 2017, una de las sociedades agrarias de transformación (SAT) subarrendó con otra SAT una finca localizada en el municipio de Huércal-Overa y en la que se ubica el pozo.
Detalla que ambos gerentes, de "común acuerdo", habrían pactado presuntamente que una tercera empresa agrícola, con "vínculos empresariales" con la propietaria de la finca, "proporcionase el agua necesaria para el riego".
La Fiscalía recoge que en el contrato de subarrendamiento se habría hecho constar que "también se podía dar uso al pozo" pese a que las dos partes, y el gerente de la tercera empresa, "conocían la falta de título de aprovechamiento para obtener las aguas del acuífero".
Precisa que, entre noviembre de 2017 y mayo de 2019, los acusados procedieron supuestamente a efectuar "sondeos" para la captación y extracción de aguas subterráneas "sin disponer de ninguna autorización o concesión", lo que supone "una infracción a la legislación de aguas".
El escrito subraya que, durante ese periodo de tiempo, se habrían extraído más de 1,7 metros cúbicos de agua y destaca que equivale a entre un "20-27 por ciento" del volumen total disponible del acuífero.
El Ministerio Público traslada que, desde el pozo, accedieron a una "masa de agua" que ya se encontraba "en mal estado cuantitativo" y concluye que la extracción "ilegal" afectó "de manera severa" a la situación "deficitaria.
"La actuación causó perjuicios significativos a los ecosistemas asociados, alterando el flujo que genera salinización u otras intrusiones, e impidiendo alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas", finaliza.
La Fiscalía solicita, al margen de las penas privativas de libertad, que los tres acusados, que serán enjuiciados por un juzgado de lo Penal, abonen una multa de 12 meses a razón de 20 euros al día y sean inhabilitados durante dos años para profesión relacionada con la agricultura.
