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La reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, vuelve al primer plano del debate político y social en Andalucía. Este miércoles, en el Parlamento andaluz, la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defendieron la reciente autorización otorgada al nuevo proyecto de explotación y restauración minera, asegurando que se han respetado todos los requisitos técnicos y legales.
El Gobierno andaluz ha insistido en que la iniciativa cuenta con todas las garantías de seguridad jurídica y protección medioambiental, mientras que desde la formación Adelante Andalucía se ha alertado de los riesgos que podría acarrear la reactivación de la actividad minera, recordando la tragedia ecológica de 1998. La diputada de Adelante, Begoña Iza, advirtió sobre la amenaza de un posible vertido tóxico al Guadalquivir y señaló que el proyecto podría desembocar en “otro desastre”.
Paradela explicó que la propuesta presentada por la sociedad Minera Los Frailes —creada específicamente para este fin por la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel— contempla una inversión cercana a los 500 millones de euros y la creación de unos 1.000 empleos durante la fase de construcción, y hasta 2.000 en la etapa operativa. Se estima que la explotación tenga una duración de al menos 20 años.
El yacimiento contiene unas reservas de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente zinc, plomo y cobre, con una producción media prevista de 2,7 millones de toneladas anuales.
El consejero subrayó que se trata de un proyecto completamente nuevo, que se desarrollará mediante minería subterránea y no a cielo abierto. Asimismo, se prescindirá de balsas de residuos, ya que los materiales sobrantes se reutilizarán como relleno de la mina o se depositarán en cortas ya existentes.
El proyecto, largamente demandado por la localidad y su entorno, cuenta con un firme rechazo de organizaciones ecologistas, que recuerdan el desastre de 1998 provocado por la ruptura de una balsa de residuos gestionada por Boliden-Apirsa, que causó una grave contaminación del río Guadiamar.
En cuanto al tratamiento de las aguas acumuladas en las antiguas cortas, Paradela afirmó que se emplearán tecnologías punteras para su depuración, con una inversión adicional superior a los 60 millones de euros destinada a tareas de rehabilitación y garantías financieras.
Por su parte, los colectivos ecologistas sostienen que el plan contempla el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas al Estuario del Guadalquivir durante casi dos décadas, lo que afectaría a una zona incluida en la Red Natura 2000, una afirmación que ha sido desmentida tanto por la Junta como por las empresas implicadas.
Mientras tanto, continúa el juicio por la adjudicación del proyecto. La Audiencia de Sevilla sigue celebrando las vistas derivadas de la denuncia presentada por la alianza Emerita-Forbes Manhattan, que perdió el concurso frente a Grupo México y Minorbis.
Emerita impugnó la adjudicación por la vía administrativa y penal, y aunque en dos ocasiones la jueza instructora archivó la causa, la Audiencia reabrió el procedimiento tras los recursos de apelación. El proceso, con 16 acusados, está previsto que finalice en julio.
