La investigación sobre la puesta en marcha de la moneda ciudadana Ossetana queda definitivamente cerrada. La Sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Sevilla ha avalado la decisión adoptada en febrero por el Juzgado de Instrucción 14, que puso fin al procedimiento al no hallar indicios penales en la firma del convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz. Con este pronunciamiento, los magistrados desestiman los recursos de apelación presentados por los grupos municipales de PP y Vox.
La resolución detalla que, tras el análisis de la documentación y las declaraciones de técnicos municipales, "no se aprecian actuaciones que puedan encuadrarse como infracción penal". El tribunal comparte la valoración de primera instancia de que las subvenciones concedidas “cumplían los requisitos básicos para su validez”, aunque su regulación pudiera “ser mejorada”, según señalaron la secretaria municipal y el interventor.
El texto judicial subraya que las eventuales “deficiencias jurídicas” detectadas no supusieron eludir trámites esenciales y recuerda que la ayuda se concedió como subvención nominativa, por lo que no estaba sujeta a concurrencia competitiva. Añade que la doble condición de la ONG como colaboradora y beneficiaria podría considerarse una mera irregularidad “que no afectaba a los intereses generales del Ayuntamiento y la población”.
Investigación del caso
Ello, después de que en 2023, el juzgado acordase investigar a aproximadamente una docena de concejales y exconcejales del PSOE que formaron parte del anterior Gobierno local, así como a un representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, en el marco de esta causa.
Para ello, según el juzgado, se les había hecho entrega del informe elaborado sobre el asunto por la Guardia Civil, un informe que según los partidos denunciantes confirmaba que se trata de un caso de "corrupción" y según los socialistas, descartaba que medie malversación de caudales públicos.
"No queda acreditado la existencia de delito de prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos", resumía en cualquier caso el Juzgado de Instrucción a la hora de sobreseer esta investigación, decisión que ha respaldado la Audiencia de Sevilla al desestimar los recursos del PP y Vox contra la misma.
El PSOE reclama a la alcaldesa que pida disculpas públicamente
Ante ello, la Agrupación socialista de San Juan de Analfarache ha defendido que ha quedado probada "la actuación legal y transparente del anterior equipo de Gobierno socialista liderado por Fernando Zamora, para ayudar a las familias que se encontraban en peor situación económica".
El PSOE ha reclamado así a la actual alcaldesa, la popular María Luisa Moya, como denunciante del asunto junto con Vox, "una disculpa pública por haber utilizado una causa judicial infundada como arma electoral, sembrando dudas injustas y dañando gravemente la reputación de Fernando Zamora y otros representantes socialistas". "El daño causado a nivel humano, profesional y político ha sido profundo y no debe quedar sin respuesta", avisa el PSOE.
"Al utilizar este proyecto como arma política, no sólo se ha intentado manchar el nombre de concejales socialistas, sino también desacreditar una herramienta de justicia social pensada para combatir la desigualdad y para ofrecer apoyo real a quienes más lo necesitan en nuestro municipio. Convertir una política social en un escándalo ficticio es también un ataque directo a quienes peor lo están pasando", enfatiza la Agrupación socialista, acusando al PP de recurrir al "fango político para intoxicar la opinión pública, tratando de instalar una falsa imagen de corrupción con fines estrictamente electorales".
