Fue condenado en 1993 a 20 años de prisión por un delito contra la salud pública, en 2004 por el mismo delito a 16 años y 10 meses y en 2019 por blanqueo
Este veredicto se produce casi un mes después de que el Supremo declarase inconstitucional un plan de bonos electorales que permitía la financiación anónima
Añade que pudo retirar su "apoyo", pero "lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento"