Diez personas han sido detenidas y otras 20 investigadas en Madrid, Andalucía y el País Vasco por su presunta implicación en una organización criminal internacional que ha estafado a más de 300 personas mediante alquileres turísticos falsos con los que la banda obtuvo unos beneficios de 4 millones de euros.
La Guardia Civil y la Ertzaintza han desarticulado esta organización en una operación conjunta, denominada Cheat-Stay, en la que han sido arrestadas cinco personas en Madrid, dos en Gipuzkoa, dos en Málaga y una en Sevilla, y en la que se han practicado cinco registros domiciliarios, ha informado el Departamento vasco de Interior en un comunicado.
A los implicados se les imputan los delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental.
El inicio de la investigación se remonta a 2018, cuando fueron detectadas varias estafas en alquileres turísticos que tenían como denominador común que las viviendas se publicitaban de forma fraudulenta como ubicadas en localidades de la costa gaditana.
La Guardia Civil y la Ertzaintza recogieron numerosas denuncias relacionadas con estos casos, por lo que iniciaron una investigación conjunta.
El "modus operandi" de la banda comenzaba con la inserción de anuncios en páginas web creadas a tal efecto en los que se ofertaban alquileres de alojamientos turísticos que eran falsos a través de empresas ficticias.
Además, los integrantes de la organización criminal también cometieron estafas relacionadas con la compra de bienes inmuebles y con la imposición de cargos fraudulentos sobre tarjetas de crédito de terceros.
Las pesquisas policiales determinaron que estas actuaciones no eran de personas aisladas sino que estaban "orquestadas" por una "organización internacional perfectamente jerarquizada", cuyo liderazgo estaría en manos de "uno de los 'hackers' más activos del momento", según autoridades judiciales y policiales europeas.
Más de 300 personas resultaron afectadas por los alquileres fraudulentos, la clonación de tarjetas de crédito y la intervención en operaciones de compraventa de complejos hoteleros.
Para mover el capital generado, la organización utilizaba personas en situación de vulnerabilidad que ejercían de "mulas" del dinero y que eran captadas mediante ofertas de trabajo que los delincuentes insertaban en portales de internet, explica el comunicado.
Los candidatos seleccionados debían ser titulares de cuentas bancarias en las que las víctimas ingresaban las sumas exigidas por los alquileres vacacionales, que rápidamente eran movidos por circuitos financieros opacos hasta escalones superiores de la organización.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado mixto número 1 de Sanlúcar de Barrameda y desarrollada por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Gipuzkoa (SICTG) y el área de Investigación de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera (Cádiz).
También ha colaborado en el operativo el departamento de Cooperación Internacional de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, al objeto de integrar las actuaciones internacionales y la colaboración con Interpol.
