Unidas Podemos solicita aumentar los criterios de vulnerabilidad a la hora de aplicar nuevas medidas que frenen desahucios sin alternativa habitacional, de cara a proteger a más personas y pueda aplicarse a cualquier tipo de lanzamientos.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de Unidas Podemos ante la posibilidad de que el Ministerio de Transporte elabore un nuevo real decreto ley sobre medidas antidesahucios para mantener la protección habitacional a familias vulnerables, en caso de que expire la suspensión que está vigente hasta el 9 de agosto y aún no esté lista la nueva Ley de Vivienda, que persigue incorporar también esa prohibición de lanzamientos sin alternativa habitacional.
De esta forma, el espacio confederal "ha vuelto a poner encima de la mesa" al menos tres medidas que considera "imprescindibles" para que se "cumpla el acuerdo de gobierno y sea realmente efectivo".
Concretamente, demandan la suspensión de desahucios para familias vulnerables mientras no haya una alternativa habitacional "real" que sea una vivienda. Por tanto, Unidas Podemos insiste en que se desechen los realojos en albergues.
También reitera que se incluya, en caso de que se despliegue ese posible decreto, la condición de que el juzgado que aborde los procesos de desahucios tenga que solicitar "obligatoriamente" un informe a los servicios sociales que determine si el afectado es vulnerable.
En esta línea, Unidas Podemos demanda aumentar los criterios de vulnerabilidad para que "más personas puedan estar protegidas y que se aplique a cualquier tipo de desahucio".
MARCO ACTUAL
El pasado mayo el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 9 de agosto de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública.
Asimismo, se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa.
Además, el pasado 8 de junio se aprobó un real decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios y de los lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.
El mencionado decreto antidesahucios que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
NEGOCIACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA
El PSOE y Unidas Podemos continúan negociando la nueva Ley de Vivienda y, en el marco de esos contactos, progresaron para que la normativa recoja disposiciones para frenar desahucios de población vulnerable sin alternativa habitacional. También avanzaron para plasmar un recargo del IBI a la vivienda vacía con el objetivo de estimular que aflore al mercado, a falta de detallar su cuantía.
Además hubo un reciente acercamiento parcial sobre el sistema de regulación pública de los precios del alquiler. De esta forma, Unidas Podemos señaló que poder 'congelar' los precios en zona de mercado tensionadas es "un punto de partida" a la hora de poder acordar con el PSOE la nueva Ley de Vivienda, pero avisó de que el pacto alcanzado con su socio de Gobierno prevé aplicar bajadas de precios.
