El Ayuntamiento de Estepona ha aprobado este jueves en el Pleno un nuevo trámite administrativo para continuar el procedimiento de cesión de una parcela municipal, ubicada en Las Mesas, para que se construya un nuevo edificio para la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
Este trámite, que comprende la mutación demanial de la parcela en favor de la Dirección General de la Policía, se lleva a cabo después de que el Consistorio aprobara la cesión al Gobierno central de dichos terrenos, el pasado diciembre, y de que éste diera el visto bueno al emplazamiento propuesto.
Se trata de un terreno de 4.159 metros cuadrados en la calle Letonia, junto a los terrenos donde se proyecta la construcción del Palacio de Justicia, que aglutinará todas las sedes judiciales de la ciudad. Hay que recordar que desde el Ayuntamiento se ha reiterado en numerosas ocasiones al Gobierno central la necesidad de dotar a la ciudad de este equipamiento.
LIQUIDACIÓN DE 2020
En materia económica, el Pleno ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, que nuevamente arroja saldos positivos, con un superávit presupuestario de 20 millones de euros; una estabilidad presupuestaria de nueve millones de euros y un remanente de tesorería de 5,88 millones de euros, según certifica la Intervención municipal.
Asimismo, se recoge que durante el pasado ejercicio económico se pagaron un total de 18,2 millones de euros de la "deuda heredada" del anterior equipo de gobierno en 2011, que ascendía a 304 millones de euros. De esta forma, el Ayuntamiento ha pagado ya 219,5 millones de euros, lo que supone haber amortizado ya el 72 por ciento de la misma. Así, la deuda total del Ayuntamiento se sitúa en estos momentos en 84,5 millones de euros.
En este sentido, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que "se ha realizado un enorme esfuerzo económico para saldar esta deuda heredada, y que se ha llevado a cabo en un tiempo récord, ahorrando importantes cantidades en intereses; al tiempo que se sigue cumpliendo con el pago a proveedores e invirtiendo en la ciudad".
También se ha referido a la reducción del periodo medio de pago a proveedores, que en estos momentos se sitúa en diez días, tal y como certifica el informe de la Tesorería municipal sobre el primer trimestre de 2021, del que también se ha dado cuenta en la sesión plenaria. De este modo, "el Consistorio está a la cabeza de las administraciones de España que tarda menos en pagar a sus proveedores, lo que contrasta con los 1.492 días que tardaba en pagar el anterior gobierno socialista".
García Urbano ha recordado que el Ayuntamiento de Estepona está al día en los pagos a las empresas y proveedores, sin que existan deudas derivadas ni de este ejercicio ni de anteriores "desde que este equipo de gobierno está al frente del Ayuntamiento".
Por otro lado, se han acordado las anualidades presupuestarias para la obra de remodelación del entorno del faro, que implicará la creación de un nuevo espacio público, con equipamiento sociocultural y área comercial, que abrirá la ciudad al mar. Este proyecto, que se prevé que empiece a finales de este año y que tenga un plazo de ejecución de 13 meses, supondrá una inversión trianual, durante el periodo 2021-2023, de forma que al finalizar este mandato, dicha obra quedará abonada en su totalidad.
Este proyecto será una de las principales iniciativas para la ciudad y forma parte del plan de inversiones productivas del Ayuntamiento para generar empleo y dinamizar la economía local, suponiendo la redacción del proyecto y la ejecución de la obra una inversión total de 14,5 millones de euros.
En el apartado de asuntos urgentes, la Corporación ha adoptado un acuerdo para instar al Gobierno central a que cumpla con los compromisos asumidos con las entidades locales, que han sido acordados por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y ponga en marcha ayudas para apoyar a los ayuntamientos de España que, un año después de la pandemia, "no han recibido ninguna ayuda económica por parte del Ejecutivo central".
Todo ello, ha agregado el regidor, "pese a las circunstancias sobrevenidas que están atravesando las entidades locales, que han tenido que hacer frente a gastos extraordinarios de limpieza y refuerzo de servicios debido a la pandemia".
Así, entre las medidas solicitadas se encuentra la aprobación del Fondo de Reconstrucción Local por valor, al menos, de 4.000 millones de euros; así como el reconocimiento del protagonismo que las entidades locales deben tener en la gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, haciendo efectiva la transferencia del 14,56 por ciento de los mismos, que equivale a la participación de la Administración Local en el gasto público del Estado.
También se ha acordado otra moción para solicitar al Gobierno central ayudas para el sector pesquero ante la presencia del alga invasora 'Rugulopterix Okamurae', que se ha ido extendiendo desde 2015 por toda la costa y qie compromete las actividades económicas relacionadas con el litoral.
Así lo ha puesto de manifiesto la Federación Nacional de Pesca Artesanal (Fenapa) y la Cofradía de Pescadores de Estepona. Representantes de ambos colectivos han alertado de las serias dificultades por las que están atravesando debido a la reducción de las capturas y a la imposibilidad de faenar en aguas donde la citada alga está proliferando y afectando de forma severa al hábitat natural.
"El Consistorio ha realizado un sobreesfuerzo económico para adquirir maquinaria especializada para la recogida de este alga de las playas; si bien, la problemática requiere de una intervención supramunicipal. Es por ello que, tras la declaración como especie invasora por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se solicita que el Gobierno central libere partidas económicas para ayudar al sector pesquero, tal y como ya ha realizado la Junta de Andalucía", han recalcado en el pleno.
Asimismo, han demandado medios para acciones que ayuden a obtener un mayor conocimiento científico sobre este alga; además de coordinar un plan de actuación con organismos públicos, con los sectores dedicados a la investigación y al desarrollo y con los sectores productivos y sociales implicados, "que debería cristalizar en acciones concretas encaminadas a controlar la expansión de esta especie". Por último, se solicitan acciones para la extracción selectiva de la especie invasora y para la eliminación y valorización de la biomasa.
