La Junta birmana prorrogará el estado de emergencia

El general birmano Zaw Min Tun, portavoz de la junta militar que lideró el golpe en el país el pasado 1 de febrero, cree que el estado de emergencia dictado entonces por un periodo de un año podría ser prorrogado y que las nuevas elecciones tendrán lugar en unos dos años.

En una entrevista con varios periodistas de la cadena CNN, el militar negó además que la junta haya dado un golpe de Estado y achacó la muerte de unas 600 personas en la sangrienta represión contra los civiles que se ha practicado desde entonces a "manifestantes desenfrenados".

"Esto no es un golpe", dijo Zaw Min Tun desde la capital de Birmania, Naypyidaw, la ciudad donde sus camaradas derrocaron al gobierno electo, detuvieron a los líderes del país y crearon una junta militar.

El portavoz militar se mantuvo firme a la hora de defender que los generales simplemente están "salvaguardando" el país, mientras investigan una elección "fraudulenta".

Además, el derramamiento de sangre en las calles en las decenas de manifestaciones es culpa de manifestantes "desenfrenados", reiteró.

La entrevista tuvo lugar durante una gira de prensa de una semana de duración por la ciudad más grande de Myanmar, Yangon, y Naypyidaw del 31 de marzo al 6 de abril.

Horas después de que el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, ordenara a sus tropas que se apoderaran de la capital, el 1 de febrero, anunció por televisión que se establecería el estado de emergencia durante un año después del cual se celebrarían elecciones.

Su toma de posesión se produjo precisamente cuando los legisladores recién elegidos debían ocupar sus puestos el día de la inauguración del parlamento.

Zaw Min Tun dijo que el estado de emergencia podría extenderse por "seis meses o más" durante "dos períodos" y "si las tareas aún no se han cumplido".

El militar no ofreció una fecha sobre cuándo se celebrarían las elecciones, pero dijo que de acuerdo con la constitución redactada por los militares en 2008, "tenemos que terminar todo en dos años. Tenemos que realizar elecciones libres y justas dentro de estos dos años". "Prometemos que lo haremos realidad", precisó.

Según la CNN, muchos observadores han cuestionado si los militares, que gobernaron Myanmar durante medio siglo entre 1962 y 2011, estarían dispuestos a renunciar al poder nuevamente, si las elecciones serían realmente "libres y justas", y si la líder derrocada Suu Kyi y su partido popular la Liga Nacional para la Democracia (NLD) podrían participar.

Zaw Min Tun también destacó que Suu Kyi, que no ha sido vista en público desde el golpe, se enfrenta a cinco cargos, incluida la importación ilegal de radios walkie-talkie y violar las regulaciones contra la covid-19.

También ha sido acusada de corrupción y soborno. Sin embargo, el cargo más grave es el de violar la Ley de Secretos Oficiales del país, que conlleva una pena de prisión de hasta 14 años.

"Lo que pasó es por las corrupciones a nivel nacional y errores en los procedimientos a nivel estatal y estamos acusando sobre los hechos", subrayó Zaw Min Tun.

Antes de agregar que "Suu Kyi es una persona muy conocida tanto en Myanmar (Birmania) como en el mundo y no acusaremos a esa persona sin ningún motivo".

Zaw Min Tun también dijo que la junta tenía "pruebas sólidas" de que las últimas elecciones celebradas en el país fueron fraudulentas: "El fraude electoral que encontramos en la elección afecta a 10,4 millones de sufragios, el número de votos elegibles anunciado por la Comisión Electoral fue de alrededor de 39,5 millones, por lo que el fraude electoral afectó a una cuarta parte de los votos", precisó.

A pesar de la represión militar, que se ha cobrado la vida de al menos 614 personas -según los datos verificados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP)-, miles de personas continúan con su desafío a diario contra la autoridad castrense.

Las autoridades militares mantienen detenidas a 2.857 personas, incluida la depuesta jefa del Gobierno Aung San Suu Kyi, y han emitido órdenes de arresto contra otras 500, apunta la AAPP en su última actualización.

Los uniformados han justificado reiteradamente el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015; elecciones que fueron consideradas legítimas por los observadores internacionales.