Los ganaderos pedirán la retirada "inmediata" de l norma que protege al lobo

El sector ganadero español, representado por las principales organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, pedirá el próximo martes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que retire de forma "inmediata" la Orden que pretende declarar al lobo especie protegida.

Si no es así, anunciarán "medidas de presión" para las próximas semanas, según han indicado este jueves en un comunicado conjunto.

Esta petición que harán al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es "innegociable" y, a partir de ahí, las organizaciones agrarias "muestran su total disposición" para trabajar con el Ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.

Asaja, COAG Y UPA creen que la Orden Ministerial es "de todo punto inaceptable" y carece de la necesaria legitimidad para salir adelante.

"No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decidió prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las comunidades autónomas donde el lobo tiene su principal implantación", han añadido.

Aseguran que la Orden elaborada por el Miteco se basa en un censo de población de lobos de "2012-2014 que no refleja" la situación actual y en el informe realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo (Ascel), "ignorando criterios científicos y objetivos y que carece" del necesario consenso de las partes afectadas.

Esta orden "ni siquiera cuenta con el beneplácito de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas".

En opinión de las organizaciones agrarias, la única forma de solucionar este "disparate" normativo es que el Ministerio retire la "polémica orden" y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el lobo que incluya un "diagnóstico real y certero" de la situación del lobo y la ganadería.

Para ello, ven viables medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que "en ningún caso" deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.

Las tres organizaciones entienden que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración).

Según los datos que manejan, el lobo, "lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente" el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia.

Prueba de ello, señalan, es que los ataques a la ganadería se han incrementado "exponencialmente, pasando de más de 10.000 en 2019 a cerca de 15.000 en 2020 y con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros".