La pasada semana, el Parlamento dio luz verde a la denominada Ley Celaá por ser doña Isabel Celaá Diéguez la ministra de Educación y Formación Profesional a la que se atribuye su autoría, seguramente con indudable impropiedad. La ley, denominada “Lomloe” vendrá a sustituir a la vigente “Lomce” y fue ya objeto de aprobación en febrero de 2019, si bien su tramitación parlamentaria no tuvo lugar por el adelanto electoral producido. Tiene ahora que pasar el filtro del Senado, donde el debate de esta sorpresiva norma se barrunta sumamente controvertido por su improvisación y falta de consenso y audiencia a los colectivos interesados.
Resumiendo, pueden destacarse algunos puntos capitales, cuya valoración puede cada uno realizar, debiendo tenerse en cuenta que debe transitar su total tramitación, si bien puede esperarse su irremediable su aprobación dado el rodillo que nos está cambiando la propia esencia de España.
Así, se elimina la educación religiosa como materia específica y se sustituye por la denominada Educación en Valores Cívicos y Éticos. Sus contenidos están determinados en un alto porcentaje por el Gobierno dejando el resto al criterio de las Comunidades Autónomas.
Establece pruebas de evaluación de diagnóstico en 4º de primaria y 2º de la ESO, de carácter informativo y sin ninguna repercusión en las notas escolares.
Aceptado el fracaso escolar español, sin parangón en el resto de países de nuestro entorno, se trata de minorar sus efectos mediante un sistema incomprensible. De entrada, los alumnos no podrán repetir curso, salvo al final de cada ciclo (2º, 4º y 6º), los de ESO podrán pasar de curso con dos suspensos y los de Bachillerato igualmente aunque hayan suspendido finalmente una asignatura.
Resumidamente este es el panorama que se presenta como inexorable. Se trata de superar los que constituyen defectos del sistema minorando la exigencia. Desde hace años se advierte como el sistema educacional español ha empobrecido la cultura de la ciudadanía, una aspiración histórica de los regímenes totalitarios comunistas y que ha situado a nuestro país a la cola de los sistemas educacionales.
Es consecuencia de la misma la postergación de la educación concertada hasta límites cercanos a su laminación, lo que se anuda con la práctica eliminación del castellano de algunos territorios. La lengua española, proclamada como propia de la nación en el artículo 3 de la Constitución, resulta pospuesta a las autonómicas, lo que depara su exclusión en determinadas partes de España. Esta progresiva destrucción de las esencias de la historia y el presente de nuestra patria constituye una obligada e ineludible reflexión. n
