El rey inaugura este lunes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo un año judicial totalmente inaudito, marcado por las restricciones de la COVID-19, que harán que, al protocolo habitual de este solemne acto, se sume el sanitario para cumplir con las medidas de seguridad impuestas por la pandemia.
A la llegada se tomará la temperatura a todos los asistentes, quienes, además, deberán llevar mascarilla y acreditar mediante un formulario no presentar síntomas de la COVID-19.
Ya en el interior, se reducirá el aforo del Salón de Plenos a un 30 % de manera que solo podrán acceder las autoridades judiciales y civiles invitadas para poder mantener así las distancias, y, una vez concluido el acto, no se celebrará el tradicional cóctel, por lo que tampoco habrá ocasión para los 'corrillos' entre las autoridades y los tan solo 20 periodistas autorizados este año (uno por medio).
El resto del acto se mantiene invariable. El rey dará inicio a la ceremonia al mediodía, en la que intervendrán la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que un año más pronunciará el discurso como máximo representante de ese órgano, y van siete, por la parálisis política que impide su renovación institucional.
Un bloqueo que ha hecho que el CGPJ lleve casi dos años en funciones, y que pueden ser más tras el enésimo desacuerdo entre PSOE y PP, que, a pesar de reconocer contactos para la renovación de este órgano, ha puesto una nueva línea roja al manifestar que sólo negociarán "siempre que se den las circunstancias adecuadas" que, a su juicio, no se dan "con Podemos en el Gobierno".
La pandemia y el bloqueo del CGJP restan protagonismo a otros asuntos relevantes que marcarán el año judicial, especialmente la investigación que la Fiscalía del Supremo está llevando sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca en la que podría estar involucrado el rey emérito Juan Carlos I.
También destacan las decenas de querellas y denuncias contra el Gobierno por su gestión durante el estado de alarma; la sentencia de la Gürtel, el futuro del president de la Generalitat Quim Torra -y de la presidencia catalana- una vez revise el Supremo su condena, o la investigación abierta por la presunta financiación irregular de Podemos.
