La pasada semana tuvo lugar una reunión de diversos colectivos sociales, entre ellos la APDHA, con la concejala de Vivienda, Eva Tubío, para intercambiar acerca de la modificación que se quiere introducir en la ordenanza de alquiler justo aprobada en 2016. Como se sabe, el programa hasta el momento "ha dado unos resultados bastante pobres (sólo tres propietarios y familias se han acogido al mismo), lo que obligaba a introducir modificaciones en su regulación para intentar que tuviera un efecto más amplio".
Entre las modificaciones más destacadas que contempla el borrador se proponen que se eleven los límites máximos de renta que el ayuntamiento asumiría según tipo de vivienda. También se asume por PROCASA el Proyecto Técnico en caso de ser necesarias obras de adecuación. Además se incrementa los créditos reintegrables hasta 10.000 € en caso de ser necesarias obras para garantizar la habitabilidad. Se diluyen un tanto las exigencias de condiciones de habitabilidad y se incluye la prioridad de acceso al programa para mujeres en situación de violencia de género. Finalmente, se incrementa el límite máximo de renta de la familia con relación al IPREM para poder acceder al programa.
La APDHA considera que en general "es positivo realizar un nuevo intento de impulsar este programa de ayuda al alquiler, dado el escaso resultado tenido hasta el momento. Es indudable que el momento de pandemia que vivimos y que tantas calamidades produce especialmente en los sectores con riesgo de exclusión, puede ser favorable a la puesta en marcha de un programa como este. Los cientos de viviendas turísticas y de las viviendas dedicadas tradicionalmente al turismo estacional se encuentran en estos momentos sin turismo y no está claro que se vislumbre un repunte inmediato del mismo".
Por otro lado, "el comportamiento tradicional de muchos propietarios de viviendas y promotores de Cádiz que no han cumplido con sus obligaciones de mantenimiento de los edificios durante décadas, ocasionando que en los años noventa llegaran a haber cerca de tres mil infraviviendas y teniendo que desalojar no pocas edificaciones ante el peligro de colapso". En Cádiz, a diferencia de la mayoría de las ciudades de España, "los promotores privados no han construido viviendas de V.P.O. en compraventa sino sólo de renta libre vendidos a precios muy altos. Todo ello ha ocasionado que hoy Cádiz sea una de las ciudades de España más caras en relación con el precio de la vivienda".
Entre las dudas que plantearon desde la APDHA en la reunión se encuantra que "no terminamos de entender las rebajas más o menos implícitas en las exigencias para considerar una vivienda habitable. El concepto de habitabilidad está determinado por la Ley y es de dignidad para los inquilinos. Más aún cuando se prevén créditos blandos para resolver los posibles problemas"
La Asociación "echa de menos que el Ayuntamiento prevea poner en marcha medidas penalizadoras contra aquellos propietarios que hagan dejación de cumplir la obligación de la función social de la vivienda. Como señaló el Consejero de Vivienda del País Vasco Iñaki Arriola cuando el Tribunal Constitucional aprobó que el Gobierno Vasco podía expropiar viviendas que estuvieran vacías dos años, es preciso que “haya una compensación entre las políticas de incentivo de vivienda en alquiler y las medidas punitivas en el caso de que no se haga un buen uso de una propiedad como es la vivienda”"
Además, la elevación de los límites de Renta para permitir acceder a este programa "no sabemos qué efecto concreto puede tener. En su desarrollo se comprobará".
En suma, la APDHA, aun siendo conscientes que a la situación de emergencia habitacional que padece nuestra población no se le da solución tan solo con medidas como esta, hace no obstante una valoración positiva y hace votos para que su puesta en marcha favorezca a los sectores más vulnerables de nuestra ciudadanía.
