El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (FAEPLAYAS), Norberto del Castillo, calcula que los propietarios de la mitad de las instalaciones andaluzas deberán realizar inversiones para adecuarse a la normativa, que en muchos casos no habían llevado a cabo años atrás por la incertidumbre derivada de la no renovación de las concesiones.
Del Castillo ha explicado a Efe que en Málaga se verá afectado un menor número de chiringuitos -en torno al 30 por ciento- porque en localidades como Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena o Marbella los empresarios ya se ajustaron a los requisitos con anterioridad.
La adaptación de los establecimientos a la vigente Ley de Costas supondrá un desembolso económico para los empresarios, que probablemente tendrán que solicitar créditos como en ocasiones anteriores en las que han tenido que reformar las instalaciones, ha indicado.
En los trámites para la renovación de las concesiones, el colectivo reclama que en los 150 metros cuadrados de ocupación fijados en el cómputo total de superficie de los chiringuitos no se tenga en cuenta la superficie destinada a sótanos y aseos, ya que no forman parte en sí del negocio.
A este respecto, el presidente de FAEPLAYAS ha recordado que el sótano sirve como "anclaje" de la instalación, así como espacio de almacenamiento de víveres y de cámaras frigoríficas.
Traspaso de competencias
Los empresarios aguardan el traspaso de las competencias sobre ordenación del litoral a la Junta, lo que se espera que ocurra a principios de 2010, para prepararse de cara a la próxima temporada veraniega y "programar el futuro".
El objetivo de los chiringuitos andaluces pasa por contribuir a que la región sea "un destino para todo el año", como se pone de manifiesto en que gran parte de estas instalaciones permanecen abiertas en octubre, según Del Castillo.
En Andalucía existen cerca de 2.000 concesiones de playa -de las que unas 900 son chiringuitos-, que emplean a 40.000 personas, según los datos de la Federación.
