Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una trama dedicada a facilitar y gestionar documentos falsificados a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular en una operación que se ha saldado con 20 detenciones en Almería y Roquetas de Mar, incluido el máximo responsable de la red.
Las personas extracomunitarias pagaban 2.000 euros por obtener toda la documentación necesaria para tramitar y cursar las solicitudes para así poder regularizar su situación, según ha informado la Comisaría Provincial.
La actuación policial desarrollada en Almería se inició a primeros de septiembre del presente año y con la colaboración por parte de la Oficina de Extranjería.
Los investigadores detectaron que se estaban presentando solicitudes de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a través de la vía del arraigo, como trabajadores por cuenta propia de ciudadanos extranjeros irregulares.
Simulaban con documentos fraudulentos que cumplían con los requisitos exigidos por la normativa de disponer de capacidad para llevar a cabo proyectos empresariales por cuenta propia que finalmente resultaban ser inexistentes.
Todos los trámites de solicitud de dichas autorizaciones, así como la consecución de dichos documentos falsos, se gestionaban y llevaban a cabo a través de una asesoría ubicada en la localidad almeriense de Aguadulce, en Roquetas de Mar, cuyo responsable lideraba la organización.
En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron al cabecilla, quien actuaba como gestor administrativo. Natural de Marruecos, regentaba un despacho de asesoría y gestoría en Aguadulce, que, al margen de tramitar todo lo necesario ante la oficina de extranjería, proporcionaba y falsificaba documentos.
Entre estos, falsificaba proyectos empresariales como trabajadores autónomos, contratos de arrendamientos de viviendas, locales, trasteros, certificados y diplomas de trabajo de empresas extranjeras e incluso partes facultativos de asistencia médica con los que trataba de justificar que el ciudadano extranjero cumplía con el requisito de llevar más de tres años residiendo en España para demostrar el arraigo.
Como responsable de la trama delictiva, contactaba con inmigrantes que además le hacían llegar el resto de la organización y que eran conocedores de la falsedad de los hechos, a los que se les cobraba 2.000 euros a cambio de ofrecerles y gestionarles la documentación necesaria para obtener una tarjeta de residencia en España.
La operación, en la que se ha intervenido abundante documentación incriminatoria, continúa abierta para lograr esclarecer el volumen de la trama, teniéndose previsto más detenciones, dado que hasta el momento han arrojado datos sobre la presunta implicación de varias personas más.
A todos los detenidos se les acusa de un presunto delito de falsedad documental y en el caso del máximo responsable de red que ya fue arrestado por la Policía Nacional en los años 2014 y 2018 por hechos similares, además se le acusa de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
