El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha rechazado suspender la pena de prisión que cumple la que fuera presidenta de Parque Animal de la localidad malagueña de Torremolinos, que fue condenada por el sacrificio de perros y gatos. El juez entiende que no hay motivos de salud, como alegó la defensa de la mujer, que le impidan estar en la cárcel ni las patologías que padece generan un riesgo.
La exdueña de dicha protectora entró a finales de noviembre de 2017 en prisión para cumplir los tres años y nueve meses de cárcel impuestos por dicho juzgado --y confirmados posteriormente por la Audiencia Provincial-- por los delitos de maltrato animal, falsedad e intrusismo profesional por el sacrificio de animales. Antes de ingresar, ya pidió la suspensión por motivos de salud y se rechazó.
En este caso, la defensa volvió a pedir la suspensión de la ejecución de la pena, basada en el artículo 80 del Código Penal, que apunta que los jueces podrán acordarla cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. A raíz de eso se le practicó a la condenada un reconocimiento médico para decidir al respecto.
Ahora, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado indica que, según dicho informe médico forense, "ninguna de las patologías que padece la condenada, todas de carácter crónico, generan un riesgo vital a largo plazo", al tiempo que apunta que la enfermedad que afecta al oído interno y las dolencias asociadas "se pueden controlar con medicamentos".
Asimismo, en virtud a dicho análisis, "puede descartarse que la permanencia en prisión pueda suponer una agravación de sus patologías por contar los centros penitenciarios de medios necesarios para el control y tratamiento de las mismas", por lo que el juez concluye que "ninguno de los condicionantes expuestos concurren en este caso", por lo que deniega dicha suspensión.
La Audiencia de Málaga confirmó la condena dictada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga contra esta mujer, aceptando los hechos declarados probados en la primera sentencia, que consideró que la acusada era quien "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos", realizando los sacrificios "masivos" de animales desde principios de 2008 y al menos hasta octubre de 2010.
