El Gobierno trató de negociar hasta esta misma semana las condiciones de la exhumación de Francisco Franco con sus familiares, que finalmente han decidido poner fin a las conversaciones y han comunicado al Ejecutivo que recurrirán a la vía judicial para impedir el proceso.
Fuentes del Gobierno y de la familia Franco han confirmado este intento de alcanzar un acuerdo sobre los términos de la exhumación, publicado hoy por varios medios de comunicación y que se ha conocido después de que ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reprochara a la familia la "obstaculización constante" del proceso.
Las mismas fuentes del Ejecutivo reiteran que el propósito del Gobierno es dar "todas" las garantías a las partes respetando los plazos administrativos y judiciales.
Además, recalcan que la exhumación es una decisión acordada por mayoría en el Congreso y emprendida "en cumplimiento de dicho acuerdo y de la Ley de Memoria Histórica".
Un portavoz de la familia Franco ha apuntado que el Ejecutivo ofreció "lo de siempre": que tras la exhumación los restos mortales del dictador se inhumaran en la cripta del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde la familia del dictador tiene un panteón.
La familia, añade, ha rechazado la oferta por entender que la exhumación es "innegociable" y ha adelantado que tanto la familia como la fundación Francisco Franco y los benedictinos recurrirán al Tribunal Supremo.
Un juzgado de Madrid suspendió de forma provisional el pasado 26 de febrero la licencia urbanística para exhumar al dictador.
En un auto con fecha 25 de febrero, el tribunal aceptó paralizar cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular.
En la actualidad, los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid tramitan hasta diecisiete procedimientos en los que se demanda la suspensión cautelar de la licencia administrativa para la exhumación.
