El Ministerio de Fomento, a través de la sociedad pública Seittsa, tiene previsto licitar seis contratos para el mantenimiento integral de las autopistas de peaje rescatadas (R2, R3, R4, R5, AP-36, AP-41, M-12, Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera) por un importe anual de 42 millones de euros.
De acuerdo con un informe elaborado por la ingeniería pública Ineco para el Ministerio de Fomento estas infraestructuras padecen un déficit de inversiones de más de 320 millones de euros.
Los contratos de mantenimiento integral anunciados este jueves se licitarán por tres años, hasta el 30 de junio de 2022, y son prorrogables hasta 5 años, por periodos semestrales, ha indicado el departamento que dirige José Luis Ábalos.
Los nuevos contratos supondrán un aumento del 39 % en los recursos humanos destinados a estas tareas y un incremento del 84 % en la dotación de máquinas quitanieves.
Estos contratos incluyen la vigilancia de la carretera; la conservación de las infraestructuras, que incluye las reparaciones ordinarias de mantenimiento; el cuidado y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas; la limpieza (tanto de las vías como de las oficinas, casetas de peaje, edificios de peaje), así como la defensa del dominio público.
Además, se encuentran en redacción los proyectos de reparación de firmes correspondientes a las nueve autopistas y sus tramos libres asociados, que se licitarán próximamente.
Según ha explicado Fomento, la prórroga del convenio de gestión por Seittsa, adoptado a finales de diciembre, garantizará que los ingresos provenientes de los peajes que se cobran en estas autopistas sirvan para realizar las inversiones necesarias para la "puesta a cero" de las infraestructuras.
Para estas autopistas de peaje, que revirtieron al Estado tras la liquidación de las sociedades concesionarias que explotaban estas vías, el Gobierno ha aplicado una reducción media del 30 % en el precio de los peajes a fin de favorecer el uso de las mismas.
Fomento pretende poner en valor estas infraestructuras, cuya reversión al Estado reconoce que va a suponer un "elevado coste para el erario público, ya que acumulan un elevado déficit de conservación y mantenimiento, después de años en concurso de acreedores durante los que han perdido el proyecto empresarial original".
De hecho, según el plan presupuestario de 2019 enviado por el Gobierno a Bruselas en octubre, el Ejecutivo ha decidido mantener en 1.800 millones de euros el importe previsto para la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asociada a estas vías.
Con esta licitación, agrega Fomento, se incrementan los medios respecto a los que empleaban las sociedades concesionarias de estas vías (en cuyos contratos Seittsa se subrogó para asegurar la continuidad del servicio) y se garantiza que las infraestructuras que explota el Estado tengan una conservación y un mantenimiento adecuados.
