La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé cerrar en unos dos meses 77 pozos ilegales localizados en el término de Lucena del Puerto (Huelva), en el entorno de Doñana, donde se concentra más de la mitad de los expedientes sancionadores de toda la cuenca del Guadalquivir.
En una visita con los informadores a la zona donde están los pozos y también una balsa ilegal, el presidente de la CHG, Joaquín Paéz, ha explicado que la clausura y sellado de esos pozos dependerá de que el Ayuntamiento de Lucena no recurra la clausura subsidiaria que ejecutará la Confederación por importe de unos 65.000 euros, y que posteriormente cargará al ayuntamiento.
En el caso de los 77 pozos ilegales localizados en unas veinticinco hectáreas de monte público de Lucena y cuyo expediente se remonta al año 2013, hay dos posibilidades: que el ayuntamiento cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y clausure los pozos o que lo haga de forma subsidiaria la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El presidente de la CHG ha confiado en que el ayuntamiento no recurra la sentencia que obliga a clausurar esos 77 pozos, aunque ha admitido que, si lo hace, el proceso se prolongaría.
En 2014 el consistorio recurrió la multa y la obligación de cierre de los 77 pozos y este proceso finalizó en 2017 con la sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía, que dio la razón a la CHG en la clausura pero rebajó la sanción, si bien el ayuntamiento todavía no la ha ejecutado por lo que la Confederación, con el apoyo de los trabajos de la Guardia Civil, ha iniciado los trámites para hacerlo de forma subsidiaria.
Este caso es un ejemplo de lo que ocurre en el entorno del Parque Nacional de Doñana con los pozos ilegales de extracción aguas subterráneas del acuífero para regar los campos agrícolas, según Joaquín Páez, que ha expresado su preocupación y la del Ministerio de Transición Ecológica por la "extracción ilegal de agua en una de las zonas mas sensibles de Europa" desde el punto de vista ambiental.
Aunque "no todos los agricultores roban agua, los que lo hacen perjudican a todos porque el agua es un bien público y ponen en jaque de los que se quieran dedicar en el futuro a la agricultura", por lo que ha apelado a la conciencia ciudadana y agrícola para "no matar la gallina de los huevos de oro que en esta zona es el agua y que en la cuenca del Guadalquivir es escasa".
Estas prácticas conllevan sanciones que no son "testimoniales", aunque muchas vez -ha reconocido Paéz- es complicado saber el daño que se hace al dominio público-hidráulico porque hay tuberías que se esparcen en el territorio "que no somos capaces de delimitar y controlar y riegan fincas a muchos kilómetros de donde se encuentran".
Las multas dependen de la cantidad de agua y del daño al dominio publico hidráulico: leve hasta 10.000 euros, menos grave hasta 50.000 euros, grave hasta 500.000 euro y muy grave hasta un millón de euros.
En 2018 la Confederación del Guadalquivir realizó más de mil inspecciones y abrió 328 expedientes sancionadores en el entorno de Doñana de un total en la cuenca de 586, e impuso dos sanciones graves en dicha comarca onubense por importe de 500.000 euros.
Además, la mitad de los recursos para calibrar la cantidad de agua que se extrae -los piezómetros- (274) están ubicados en el entorno de Doñana, que ocupa 2.409 kilómetros cuadrados frente a una extensión de la cuenca del Guadalquivir de 54.400 de kilómetros cuadrados.
Estos datos prueban la "dedicación y el esfuerzo" de la CHG, que, a pesar de sufrir algunos técnicos amenazas y acoso y a pesar de las dificultades administrativas, "no la van a coartar porque están decididos a acabar con estas prácticas ilegales".
En los dos últimos años (2017 y 2018) la CHG ha cerrado en toda la cuenca del Guadalquivir más de 300 pozos ilegales.
Control del agua
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha anunciado que tomará las riendas del control de las concesiones de agua en Doñana mediante la declaración de tres de las cinco masas de agua del acuífero en situación de riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo.
Joaquín Páez ha explicado que el próximo 21 de febrero la junta de gobierno de la Confederación declarará, por primera vez, que tres masas de agua del norte -Rocina, Almonte y Marismas- no alcanzan un buen estado cuantitativo.
Esto supone, según Paéz, una "piedra de toque" ante el problema de la sobreexplotación del acuífero de Doñana e implicará que la CHG asume un mayor control en las concesiones de agua a los regantes en el plazo aproximado de un año.
Para ello, se constituirán comunidades de usuarios, que junto con la Confederación arbitrarán un plan de extracción de agua, que "será todo lo riguroso que tenga que ser para que las tres masas de agua vayan mejorando en su cantidad".
Ha precisado que estas tres masas de agua de las cinco que integran el acuífero de Doñana no son las más sensibles sino que son las otras dos -Manto eólico y Marismas de Doñana- y actualmente "están bien cuantitativamente".
La declaración de estas tres masas de agua supondrá, por tanto, un control más riguroso por parte de la CHG a los concesionarios de los derechos de agua, que se podrán ajustar en función de las necesidades, también podrán pasar a comunitarios los derechos individuales sobre el uso del agua y se podrá declarar un perímetro de protección, entre otras medidas, ha explicado.
Según el presidente de la Confederación Hidrográfica, este proceso, contemplado en la ley estatal de Agua, se desarrollará durante 2019.
La CHG ya presentó esta propuesta el pasado diciembre en el Consejo de Participación de Doñana y fue bien recibida, y, además, es una demanda histórica de las organizaciones ambientalistas.
Se ha referido a la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no adoptar las medidas adecuadas para proteger las aguas subterráneas de los humedales de Doñana, y ha asegurado que el Gobierno central está "preocupado" y "trabajando en el terreno" antes de conocerse la orden europea.
Ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno en ocho meses desde que asumió el poder y en los siete meses que lleva él al frente de la CHG para impulsar medidas dirigidas a "terminar con la lacra de los pozos" ilegales que extraen aguas del acuífero de Doñana.
Ha puesto como ejemplo la concesión de agua el pasado verano para 496 hectáreas a los regante onubenses del Fresno que, "si no llegan a tenerla estarían extrayendo aguas subterráneas y ahora son superficiales" y, de esa forma se garantiza una menor afección al acuífero.
