El Juzgado de Menores número 1 de Málaga acogió este pasado martes el juicio a un menor denunciado en 2017 por otro por supuestos abusos sexuales. La causa está pendiente de sentencia y la Fiscalía pide para el joven cuatro años de internamiento en un centro; mientras que la acusación particular, que representa a la familia, solicita esta misma pena y además dos años de libertad vigilada.
Así lo ha asegurado el letrado de la familia, José Ignacio Francés. El denunciante, que presenta una discapacidad intelectual, denunció en 2017 haber sufrido supuestos abusos sexuales por parte de otro de su misma edad entonces, 14 años, y del hermano menor de éste, aunque este último no ha sido incluido en la causa al ser inimputable judicialmente por la edad que tenía cuando los hechos.
En declaraciones a Europa Press, tanto el letrado de la acusación particular como la madre del menor, María Luisa Almodóvar, han lamentado y han considerado "surrealista" el hecho de que "el equipo psicotécnico haya solicitado solo libertad vigilada para este menor en el supuesto de que se condene por agresión sexual con penetración".
En este sentido, el letrado ha recordado que esta solicitud del equipo técnico contrasta con el informe psicológico de evaluación realizado a la víctima que determina "la compatibilidad de las manifestaciones de la víctima con esa vivencia" y concluye que "no se han encontrado motivaciones ni presión externa para una acusación falsa o ánimo de inculpar a personas ajenas".
Los hechos se conocieron en octubre de 2017 a raíz de que profesores de un instituto de la capital intervinieran por un altercado entre dos alumnos, uno de ellos la víctima, quien cuando se entrevistó con la Dirección dijo que había sido agredido sexualmente meses antes por el otro menor y un hermano, de once años cuando los hechos, en unas instalaciones ajenas al instituto.
Así, la madre del menor ha insistido en que se acuerde "de una vez" el traslado del denunciado a otro centro educativo ya que sigue en el mismo que su hijo, después de que se haya rechazado por dos veces la orden de alejamiento solicitada por la representación de la víctima, que ha pedido también una indemnización para la familia de unos 50.000 euros.
