La Comisión de Urbanismo de los expedientes de infracción tramitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la capital malagueña ya tiene conclusiones tras cinco sesiones de los diferentes grupos municipales, que dejan tocado al edil Francisco Pomares y señalan también al propio alcalde Francisco de la Torre, eso según la oposición, ya que desde el PP se recurre al lo niego todo.
PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente han acusado tanto al alcalde, como a algunos concejales de participar en una supuesta trama urbanística. Así, el portavoz socialista, Daniel Pérez, aseguró que el alcalde y el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, estaban detrás de la supuesta trama en el seno de Urbanismo, además de señalar a otros concejales y directores de distrito a los que acusa de “paralizar determinados procedimientos”. Además, apuntaron a que pueden existir delitos de prevaricación, incitación al delito, estafa procesal, infidelidad en la custodia de documentos oficiales y manipulación de los mismos, y que deberá ser la justicia la que actúe.
Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, señaló que Pomares debe dimitir por sus intromisiones en los expedientes de infracciones en Urbanismo, y que el alcalde conocía cómo se “dejaban caducar” los expedientes de infracciones e incluso la creación de un “equipo B. Torralbo espera que “los tribunales tomen notan” y afirmó que las dimisiones “deberían comenzar” por la jefa de Departamento de Infracciones, Leonor Muñoz Pastrana; el gerente, José Cardador, y llegar hasta el concejal de Urbanismo.
Para el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, está confirmado que el alcalde tenía conocimiento de lo que pasaba, puesto que dice que hay escritos dirigidos a él y algunos con acuse de recibo, y ha calificado este caso como escandaloso y que demuestra “claras injerencias políticas” que podrían incurrir en delitos. Para Zorrilla, ha quedado demostrada la decisión de dejar morir expedientes de infracciones para lo que se desmanteló la estructura y se estableció un procedimiento al margen de la ley de obligado cumplimiento para el servicio de inspección, con instrucciones para que esos expedientes pasaran el visto bueno de los concejales de distrito, de forma que eran ralentizados si los concejales ponían objeciones.
No lo ve igual, lógicamente, el equipo de gobierno que en sus alegatos señala que la Gerencia y sus responsables políticos y directivos han actuado en todo momento de acuerdo a la ley, lo que justifican por la ratificación en distintas sentencias de los juzgados de lo social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, destaca que el equipo de gobierno atendió lo que la oposición pedía, que era seguir con un proceso de diálogo con vecinos y estudiar las medidas oportunas, y especifica que “no hay nada de equipo B” sus responsables políticos y directivos “han actuado en todo momento de acuerdo a la ley”, asegurando que así ha quedado “avalado y ratificado en distintas sentencias”; y que los expedientes de Villas del Arenal han sido tramitados “conforme a la ley y no se ha bloqueado la actividad administrativa”.
