El fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, cree necesario reforzar con más policías la zona del Estrecho de Gibraltar, donde hay una "auténtico problema de orden público" que considera "político, de gobierno, no de los jueces y fiscales".
En una entrevista concedida a Efe, Noreña se muestra preocupado por la situación en el campo de Gibraltar, ya que un asunto de drogas se ha convertido en un problema de "paz pública" generado por bandas de narcotraficantes que se enfrentan directamente contra los cuerpos de seguridad del Estado.
"Ahí habría que reforzar con unidades policiales distintas de las investigadoras", opina Noreña, que insiste en que no es un asunto "de hace un año", sino que se ha hecho más visible desde entonces pero que "lleva ya varios años así y no tiene fácil solución".
Noreña, que lidera la Fiscalía especial Antidroga desde 2006, cuando le tomó el relevo a Javier Zaragoza, destaca que se trata de una zona muy deprimida y que las personas que trabajan para los narcos tienen "una formación mínima", por lo que es complicado darles alternativas de trabajo cuando los delincuentes les pueden pagar "cinco o diez veces más".
En su opinión, aunque hay algún movimiento ciudadano que lucha por la paz social, es un tema difícil de abordar porque mientras un sector de la población está al servicio de los narcotraficantes, otro no reúne el valor para denunciar. "Algún movimiento ciudadano hay, pero no importante", agrega.
Noreña distingue entre dos actividades "muy distintas" que llevan a cabo los narcos en la bahía de Algeciras, con la introducción de cocaína con contenedores a través del puerto, por un lado, y el transporte de hachís desde Marruecos, por otro.
La del puerto de Algeciras con el tráfico de cocaína, explica, "es muy importante desde el punto de vista económico, pero no genera la alarma social que está generando el tráfico de hachís a través de lanchas cruzando el Estrecho", expone.
Es por esta última actividad por la que se están produciendo "problemas de auténtico orden público", pero no entre grupos de narcotraficantes, sino contra los agentes que luchan contra ellos, con lo que considera que "es un problema político, de gobierno, no de los jueces y fiscales".
Preguntado sobre si teme que este problema pueda desembocar en atentados contra la vida de los agentes en vista de que los narcotraficantes están armados, contesta que "es un riesgo", aunque matiza que espera que ocurra como en otros países, donde "esos ataques a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se producen ante la reacción del Estado".
