El Gobierno local reiteró este miércoles que la contratación de un servicio externo de representación y asesoría jurídica responde a una “necesidad”, toda vez que el gabinete jurídico municipal “sólo cuenta con tres empleados” con capacidad para asumir funciones de defensa jurídica de los intereses del Consistorio, dándose incluso el caso de que existe una denuncia ante la Inspección de Trabajo por “sobrecarga”.
El Ejecutivo socialista responde de este modo a la intención del PP de solicitar por vía judicial la nulidad del contrato de asesoría jurídica, bajo el argumento de que el expediente de contratación carece de crédito para afrontar el pago de las costas de los juicios. El Gobierno destaca a este respecto que “por primera vez en la historia” del Ayuntamiento “se ha llevado a cabo un procedimiento de contratación abierto (concurso) para la adjudicación de contratos de defensa jurídica, contando con informes favorables tanto jurídico como de la Intervención municipal”.
Cruce de acusaciones
A partir de ahí, el Ejecutivo local vincula la denuncia del PP a la decisión adoptada en la comisión de Auditoría y Transparencia de encargar un informe jurídico que analice el expediente de la contratación de un despacho de abogados llevado a cabo por el Gobierno anterior para la defensa de las demandas individuales de los despedidos en el ERE.
Esa decisión se sustenta en el hecho de que a pesar de que el precio del contrato exigía legalmente la convocatoria de un concurso, se tramitó un procedimiento negociado sin publicidad “y sin tan siquiera invitar a un mínimo de tres bufetes, como también exigía la ley, siendo adjudicado directamente a un despacho de abogados”.
Para el Gobierno socialista, “ante un procedimiento de contratación abierto con informes favorables, el recurso del PP sólo puede obedecer a un intento desesperado de parar la emisión del informe jurídico sobre la referida posible contratación irregular que hicieron a principios de 2015”.
El PP respondió a esta sospecha recordando que el acuerdo que adoptó para la contratación de la asesoría externa puntual para la contestación de las demandas del ERE, “tal como consta en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Jerez, se realizó en base al artículo 170 apartados d) y e) de la ley 3/2011, de Contratos del Sector Público”.
Este precepto legal permite que la administración no pida tres ofertas en determinadas situaciones “cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado”. Igualmente permite que la administración acuda a este procedimiento, independientemente del precio del contrato, por urgencia “cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 112”.
El PP sostiene que ese contrato se adjudicó a Deloitte porque conocía “perfectamente” el ERE y era el único modo de garantizar “una defensa seria” de los intereses del Ayuntamiento, ya que “adjudicar a un despacho más de doscientas demandas en el plazo que da el juzgado, es imposible materialmente”.
El contrato contó “con los informes jurídicos y económicos” necesarios y fue “objeto de seguimiento de la Junta en el ejercicio de sus competencias”, sin que encontrara “ninguna anomalía”.
