La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar tres años de prisión para el hombre de 42 años acusado de abordar a su expareja en una plaza del centro de la ciudad, golpearla y abusar sexualmente de ella hasta que unos viandantes advirtieron lo que ocurría e intervinieron, lo que hizo que el acusado depusiera su actitud.
Así lo recoge el escrito provisional del Ministerio Público, consultado por Europa Press, en el que se pide para el acusado un año de prisión por un presunto delito de lesiones agravadas por quebrantamiento en el ámbito de la violencia de género y dos años más por un supuesto delito de abusos sexuales.
Cabe recordar que sobre el acusado, quien se encuentra en prisión provisional por estos hechos, pesaba una orden dictada cuatro meses antes por un Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por el que se le había prohibido aproximarse a su expareja a menos de 50 metros mientras que se investigaba un presunto caso de lesiones.
Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado 21 de septiembre, en la plaza Marqués de Heredia de la capital almeriense donde se encontraban el acusado y su expareja, quienes comenzaron a discutir por "motivos económicos".
Así, en un momento dado, el hombre "la golpeó en la cara, la tiró al suelo y la arrastró por la calle", de acuerdo con el escrito del fiscal, en el que apunta que la víctima quedó "inconsciente" en el suelo. Esto habría sido aprovechado por el acusado, quien según la acusación, le "bajó la camiseta y le tocó el pecho" así como "por debajo del pantalón".
El acusado no cesó en su actitud hasta que otras personas que pasaban por allí intervinieron. En esta línea, la investigación policial de la Policía Local señaló en su momento que fueron unos jóvenes quienes habían salido de trabajar los que llamaron a los agentes tras haber tapado a la mujer con una sudadera y haber mantenido una discusión con el acusado.
Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió heridas leves en la cara y en el labio, por las que la Fiscalía reclama una indemnización de 90 euros. Asimismo, el Ministerio Público interesa la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante seis años, cinco años de libertad vigilada y dos años sin poder portar armas de ningún tipo.
