El Juzgado de lo Penal 3 de Huelva acoge mañana el juicio contra seis empresarios por la presunta extracción ilegal de agua del acuífero 27, que surte al espacio natural de Doñana, para el riego de La Borrachuela, situada en la cabecera del Arroyo de la Rocina, en Almonte.
Estas personas están acusadas por la Fiscalía de Huelva de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales.
Por ello, solicita para ellos, en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, tres años y diez meses de cárcel para cada uno además el pago de 12.200 euros de multa, y la correspondiente indemnización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La conducta punible de los acusados se centra en las extracciones realizadas en la citada finca, con una superficie de 150 hectáreas, propiedad de una sociedad, pero cuya explotación la llevan a cabo otras tres empresas.
El fiscal precisa que las empresas explotadoras han estando utilizado agua subterránea del acuífero 27, entre 2009 y 2012, para sus respectivas actividades agrícolas, sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan.
Por ello, entiende que se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho periodo y que la misma implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar.
Y que los hechos constituyen en una serie de infracciones con trascendencia penal, al haberse estado captando agua subterránea de "forma abusiva y sin control alguno".
Las tres empresas explotadoras de la finca habrían cometido los hechos delictivos entre 2009 y 2012, período en el que estas personas habrían estado captando agua subterránea de "forma abusiva y sin control alguno" mediante pozos.
Según los volúmenes propuestos por la Fiscalía, las empresas tuvieron unos beneficios, por esta extracción, de 18.427 euros, la primera; de 14.831 euros, la segunda; y de 15.494 euros, la tercera.
No obstante, según las bases establecidas en el Real Decreto de Dominio Público Hidráulico, ascienden a 32.734 euros en la primera empresa en el primer caso; 24.551 euros en el segundo y 24.551 euros en el tercero.
