La familia del padre y su hija de ocho años fallecidos en el conocido caso como el doble crimen de Almonte (Huelva) en abril de 2013 ha pedido amparo a la Subdelegación del Gobierno, ya que no ve de "recibo" que su "dolor se vea gratuitamente aumentado, humillado y vilipendiado por personas que carecen del más mínimo sentido común, valores éticos y principios y que mediante manifestaciones públicas en redes sociales están ultrajando el honor de esta familia dolorida con injurias, calumnias y ofensas, que constituyen un verdadero atentado al respeto hacia las primeras víctimas de esta tragedia".
El hermano y tío de los fallecidos, Aníbal Domínguez, ha mantenido este lunes una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, a la que ha entregado un escrito, consultado por Europa Press, dirigida a ella y al coronel jefe de la Guardia Civil, Ezequiel Romero, en el que lamenta esta situación tras la sentencia absolutoria de la magistrada presidenta del tribunal y el veredicto de inculpabilidad para F.J.M, único acusado por estos hechos, un fallo que será recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En el mismo suplica que se tomen las medidas pertinentes como responsables máximos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, instando dentro de los cauces correspondientes "al cese inmediato de tales manifestaciones haciendo advertencia a dichas personas de la gravedad que supone su actividad".
En este sentido, asegura que en la localidad "se está generando un clima de seria indignación y división promovida por quienes no cesan en su desempeño por golpear a las verdaderas víctimas de esta tragedia con insultos y calumnias", refiriéndose a los fallecidos y a su familia.
"Los familiares estamos padeciendo un inmenso dolor que no tiene por qué verse agravado por la falta de humanidad y educación de personas que se dedican a dañarnos sin tapujo alguno", ha remarcado Domínguez, quien ha entregado en papel las publicaciones de dichas personas en las redes sociales.
"Las dos familias de Miguel Ángel y María llevamos más de cuatro años de auténtico sufrimiento y desasosiego por las pérdidas violentas de nuestros seres más queridos sin que durante este tiempo hayamos hecho otra cosa que respetar escrupulosamente la labor desplegada por el estamento judicial y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin caer en el más mínimo comportamiento ajeno al civismo", señala en el escrito.
"Estamos ya hartos de mostrar civismo y toda paciencia tiene un límite, por lo que se deben tomar medidas de manera inmediata para cortar de raíz dichos comportamientos que pueden desencadenar un desenlace peligroso", ha remarcado Domínguez.
En este punto sostiene que "el desenlace del largo juicio que hemos tenido que soportar ha traído una decisión por parte del Tribunal del Jurado, que ha supuesto una auténtica zozobra al dolor ya de por sí arrastrado y que constituye una incongruencia del propio sistema judicial, ya que lo que los jueces profesionales venían sosteniendo, mediante el rechazo de la puesta en libertad ejercida por la defensa del inculpado en base a las pruebas existentes, ha resultado desvanecido por el veredicto de dos folios y medio del jurado popular".
A su juicio, "lo que la justicia profesional dictamina mediante una medida de rigurosa excepcionalidad como es el mantenimiento de la prisión preventiva durante más de tres años del acusado, ha sido vapuleado por nueve personas legas en el ejercicio del Derecho que formaban el Tribunal del Jurado".
No obstante, remarca que, a pesar de la manifestada "incongruencia" del sistema judicial, la familia no tiene más remedio que acatar la decisión adoptada y recurrir a los cauces legales pertinentes, esperando que "la justicia profesional vuelva a poner cordura en todo este despropósito".
Además, en este mismo comunicado, los familiares piden amparo y protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que la tras la decisión adoptada por el Tribunal del Jurado, existe un hecho constatable: "la existencia de un asesino en las calles de Almonte que, como han apuntado los miembros de la investigación y los propios informes forenses, era perfecto conocedor de las víctimas y de la vivienda, por lo que no cabe más que hacernos cada segundo la misma pregunta ¿nos pueden garantizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nuestra integridad física está a salvo?".
Por último, insiste en que la decisión del jurado "pone en evidencia al propio sistema judicial y nos deja en el más absoluto de los desamparos", por lo que reitera su "más absoluta indignación al clima generado por personas afines y del entorno del hasta hace poco acusado" y ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, a fin de trasladarle su "indignación" ante lo que están padeciendo.
