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Garzón procesa a dos ex parlamentarias y tres dirigentes del PCTV por integrar ETA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó ayer por integración en la banda terrorista ETA a las dos ex parlamentarias del PCTV/EHAK Karmele Berasetegui y Nekane Erauskin, al presidente de este partido Juan Carlos Ramos y a sus dos tesoreros Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó ayer por integración en la banda terrorista ETA a las dos ex parlamentarias del PCTV/EHAK Karmele Berasetegui y Nekane Erauskin, al presidente de este partido Juan Carlos Ramos y a sus dos tesoreros Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto.

Garzón adoptó esta decisión a petición de la Fiscalía en un auto en el que destaca que los responsables de la ilegalizada Batasuna, “consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, disponer de 837.000 euros, con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas”.

Indica además que el PCTV, ilegalizado por suceder a Batasuna, fue instrumentalizado por los miembros de la Mesa Nacional “para continuar con la acción diseñada por ETA/EKIN/Batasuna”, entramado al que el PCTV mantenía a través de “fondos de las cuentas del grupo parlamentario” integrado por Berasategui y Erauskin.

De hecho apunta a que los responsables del partido “se aliaron” con Segi y Askatasuna y el Movimiento Pro Amnistía para participar en la campaña en contra del Tren de Alta Velocidad (TAV), “complementando las acciones de violencia contra los bienes y los atentados contra la vida desplegados por ETA” como el que se cobró la vida de Ignacio Uria.

De toda esta situación, según el auto, era consciente el presidente del PCTV, quien “conocía y asumía” la subordinación del grupo parlamentario Ezker Abertzalea a las directrices impartidas desde Batasuna y la contratación de sus dirigentes como empleados del partido.

También era conocedor del “vaciado de cuentas corrientes” de la formación y de su grupo parlamentario “a través de transferencias bancarias en beneficio de los responsables de Batasuna” y de la “integración de los recursos económicos” con los de Acción Nacionalista Vasca y Batasuna, en una especie de “caja única”.

Otra prueba que esgrime el juez para acordar el procesamiento de estos cinco dirigentes de PCTV, a los que tiene previsto tomar declaración indagatoria el próximo 4 de agosto, son las reuniones que mantuvieron con “personas vinculadas a Batasuna” y concretamente con miembros de su Mesa Nacional.

De hecho, el partido cedió a la Mesa Nacional de Batasuna la utilización de su sede en el polígono Belartza de San Sebastián, donde, en dos registros en 2007 y 2008, “se intervino abundante documentación interna de Batasuna”.

Esto “pone de manifiesto la prestación de cobertura por parte de PCTV/EHAK para las actividades de una organización ilegalizada” y como este partido y ANV fueron “fagocitadas por Batasuna perdiendo el carácter autónomo que pudieron haber tenido en el marco de la denominada izquierda abertzale”.

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