El joven que denunció al padre Román M.V.C. por supuestos abusos sexuales en el conocido como caso Romanones ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que absolvió la semana pasada al sacerdote.
Su abogado, Jorge Aguilera, ha precisado a Europa Press que ha sido este pasado martes cuando se ha anunciado el recurso de casación ante el Supremo, un paso previo antes de formalizar el escrito en el que se desgranarán los motivos por los que se está en desacuerdo con la sentencia, que también impuso las costas al joven, que ejercía la acusación particular en este proceso.
La sentencia absolutoria de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada se produjo después de que la Fiscalía retirara en la última sesión del juicio su petición de nueve años de cárcel para el sacerdote y solicitara la libre absolución al entender que no estaban acreditados los abusos contra el denunciante.
El tribunal ha opinado de forma similar, señalando una "total y absoluta" falta de pruebas contra el padre Román, y alude a la inconsistencia del relato" del joven, que a juicio de la Sala incluye "graves contradicciones" y aspectos "absolutamente inverosímiles".
La sentencia hace expresa imposición de las costas de la defensa a la acusación particular, señalando la "conducta desleal" del denunciante durante el procedimiento.
Le acusa, de hecho, de "ir aportando datos de manera sucesiva de menor a mayor gravedad, mintiendo respecto de circunstancias objetivas", como la fecha de llamada telefónica al Papa o la ausencia de contacto con el procesado, y de pretender ocultar datos, a lo que suma una actitud que "no ha sido nada colaboradora cuando la situación se tornaba contraria a sus intereses".
La acusación particular pedía 26 años de prisión para el padre Román por tres delitos de abuso sexual y una indemnización de 50.000 euros por daño moral.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Prodeni, aún no ha formalizado ni se ha pronunciado sobre un posible recurso ante el Supremo. Atribuía al procesado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal y pedía para él 15 años de prisión, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral.
