El Instituto de Medicina Legal (IML) de Granada valoró el pasado año a través de su unidad especializada a más de 125 víctimas de violencia de género y 83 agresores a requerimiento de los órganos judiciales para elaborar periciales sobre el daño físico y psicológico sufrido por las mujeres maltratadas, pero también para evaluar la peligrosidad y el riesgo de reincidencia del maltratador.
Este trabajo lo desarrolla el equipo multidisciplinar que compone la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del IML, que cuenta con médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales con un alto grado de especialización a través de una formación continua que busca precisión y celeridad "dada la trascendencia de la materia".
En una entrevista concedida a Europa Press, la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada, Nieves Montero, ha relatado no obstante que el primer contacto que la víctima tiene con el médico forense es en el Servicio de Guardia, fuera del horario habitual, donde el pasado año se atendieron 443 casos de víctimas y 43 de denunciados por violencia de género.
Es en este primer filtro donde se obtienen las exploraciones físicas y psicológicas más ricas en información, pues estos forenses obtienen una visión más fresca del día de la denuncia y suelen ver también al imputado poco tiempo después del episodio de violencia.
La Unidad Integral de Violencia de Género se encarga de los casos en los que un único forense no ha podido resolver, bien porque ha tenido dudas, porque le faltan datos o porque lo pida el Juzgado, pero el experto que inició el trabajo siempre está implicado para asegurar mejores resultados.
Además de a las víctimas y el agresor, los expertos también valoran a los menores que han estado expuestos a un clima de violencia, aunque solo si se cree que va a aportar información que no puede obtenerse de otra manera, para evitar un sufrimiento innecesario.
El año pasado fueron 23 los menores evaluados para determinar las consecuencias físicas y psicológicas que les ha producido la violencia machista, pero también para emitir periciales sobre la idoneidad de la paternidad y la maternidad en los conflictos de custodia y, si el caso lo requería, para valorar posibles daños psíquicos ante abusos sexuales.
El protocolo de funcionamiento que se utiliza en estas unidades especializas en el conjunto de Andalucía se impulsó desde Granada, de manos de la actual directora del IML, y está respaldada por la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal.
