El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, confirmó ayer que si el depuesto presidente regresa al país será detenido porque hay orden de captura contra él por delitos que conllevarían hasta 20 años de prisión.
Rubí, quien ocupa el cargo desde hace varios meses y es miembro del gobernante Partido Liberal, declaró en rueda de prensa que “una vez que (Zelaya) se plante en el territorio nacional, él va a ser detenido y puesto a la orden de los tribunales”.
Zelaya, derrocado el domingo por militares que lo enviaron a Costa Rica, anunció que regresará a Honduras el jueves arropado por representantes de la comunidad internacional, y ayer compareció ante las Naciones Unidas, en Nueva York, y lo hará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
El fiscal general explicó que el Ministerio Público investigó y presentó cargos contra Zelaya por “varios delitos” que podrían conllevar 20 años de cárcel.
Algunos delitos de los que se acusa a Zelaya son abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y traición a la patria, relacionados con una consulta que el depuesto presidente intentó que se celebrara el domingo pasado con la intención de instalar una Asamblea Constituyente, según el fiscal.
Rubí dijo que “el Ministerio Público desde un principio manifestó al presidente que estaba violando la ley” al promover dicha consulta porque la Constitución no le otorga al Ejecutivo facultades para ello, sólo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A Zelaya “se le siguió todo el procedimiento que establece nuestro orden jurídico”, afirmó el fiscal general hondureño.
“Le demostramos que había abusado del poder, volvió al país un Estado fuera de Derecho y eso es lo que vamos a acreditar” ante la justicia, insistió.
