La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de conceder un permiso penitenciario al principal condenado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, que lleva más de diez años en prisión.
La decisión del Ministerio Público se basa, entre otros aspectos, en que el exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) no ha satisfecho aún 53 millones de euros que fue condenado a devolver en esta causa.
Concretamente, sobre ese impago de las responsabilidades civiles en las dos ejecutorias que se siguen en la Audiencia Nacional, la Fiscalía recoge que ascienden a 61 millones de euros, de los que únicamente ha pagado ocho millones.
A juicio de la Fiscalía, esto significa que el riesgo de quebrantamiento debe representarse como real, dado que el tiempo que le resta de cumplimiento de condena hasta alcanzar los 20 años es de nueve años.
HA INICIADO EL PAGO
Cabe recordar que el permiso penitenciario fue concedido el pasado martes argumentando que Roca había cumplido "en exceso" la mitad de la condena, que tiene un "excelente" comportamiento, que ha iniciado el pago de las responsabilidades y que "ha asumido la actividad delictiva y pedido perdón especialmente a la ciudad de Marbella y sus ciudadanos".
El permiso ordinario de tres días se concedió tras la propuesta por mayoría de la junta de tratamiento de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, donde cumple condena, realizada en junio de este año y pese a la oposición de la Fiscalía.
La Sala que ejecuta la sentencia del caso 'Malaya' acordó el pasado mes de mayo la acumulación de varias condenas firmes que ya tenía y la refundición de las penas impuestas, "fijando la pena máxima a cumplir" en 20 años de prisión, que es el máximo legal establecido.
Una refundición que el propio Tribunal de Málaga señalaba como un trámite "esencial" para poder acceder a beneficios penitenciarios, que no ha tenido hasta ahora. En el auto dictado este martes, se precisa que ha solicitado 18 permisos vía recursos y todos fueron denegados hasta que no se aclarase la situación de causas pendientes.
En la resolución del Juzgado central de Vigilancia Penitenciaria, a la que tuvo Europa Press, se hacía referencia a esa acumulación y a ese límite máximo de 20 años fijado por la Audiencia de Málaga, que afectaba incluso a las causas pendientes, respecto del que ya habría cumplido una cuarta parte en agosto de 2010 y superado la mitad en agosto de 2015.
Asimismo, se señalaba que la propuesta de la junta de tratamiento se basaba en la evolución "muy positiva" del interno y en que el permiso "es necesario como preparación de la vida en libertad". En este sentido, se calificaba la conducta de "correcta", precisando que "no sólo no ha producido incidencia negativa alguna" sino "más bien lo contrario, toda vez que participa y colabora".
