La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzga este lunes a tres acusados de un delito contra la salud pública, como presuntos responsables de un alijo de cerca de 300 kilos de hachís en Barbate en 2015. La Fiscalía pide para los procesados penas de cárcel de cinco años y tres meses y una multa de un millón de euros.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 21,00 horas del 10 de junio de 2015, cuando dos de los procesados supuestamente navegaban en una embarcación recreativa, con nueve sacos de arpillera en su interior, procedentes de la zona de los acantilados de la zona de La Breña en dirección al puerto de Barbate.
El escrito de la Fiscalía recoge que, al percatarse de la presencia policial, los dos acusados hicieron encallar la embarcación en la playa de La Hierbabuena y emprendieron la huida.
Uno de ellos fue localizado poco después oculto en un arbusto, tratando de ocultar en ese momento bajo la arena el móvil supuestamente utilizado para la realización del alijo. Al ser analizado, dicho teléfono resultó contener solo dos contactos en la agenda y también interactuó con un tercer número.
La investigación determinó que la identidad de los tres abonados respondía a una identidad falsa. Además, las líneas habían sido activadas un día antes del alijo.
El segundo tripulante fue localizado poco después escondido bajo una pasarela de acceso a la playa. Al parecer, portaba en ese momento un gancho de arpón.
El tercer acusado es el propietario de la embarcación utilizada para el alijo, la cual la habría adquirido dos meses antes de los hechos, pese a no tener permiso de patrón, sin que conste que hubiese sido utilizada antes por éste desde su compra.
La droga incautada arrojó un peso cercano a los 300 kilos y se estima que habría alcanzado en el mercado un valor de unos 475.500 euros. Los tres acusados se encuentran en prisión provisional por estos hechos desde el 12 de junio del año pasado.
El Ministerio Público considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la salud pública, solicitando para los acusados penas de cinco años y tres meses de prisión y una multa de un millón de euros.
