El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, dejó ayer claro que la apertura de diligencias judiciales contra el jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, deja en manos de la Justicia el futuro de este funcionario, ya que la vía judicial “paraliza obligatoriamente cualquier actuación administrativa”.
“La administración municipal no es la que tiene que llevar el protagonismo del proceso, sino que tienen que ser las autoridades judiciales”, decía Espadas recordando que el Gobierno de Juan Ignacio Zoido ya incoó “un expediente” a Carretero después de que la Intervención General detectase irregularidades y “desviaciones” presupuestarias en cuatro liquidaciones de la instalación de la Feria de 2014, por un importe global de 439.874 euros.
Las cuatro liquidaciones de esos años, más los 231.798 euros correspondientes a gastos con sospechas de desviaciones de la Feria de 2015, con lo que el total se eleva a 671.672, fueron trasladados a la Fiscalía, que ahora ha denunciado a Carretero y a cuatro empresas por los presuntos delitos de cohecho y malversación.
Sobre la situación actual de Carretero, a punto de jubilarse y con plaza por oposición, Espadas ha apuntado que la organización y montaje de la Feria de Abril de 2016 ha corrido a cargo de “otro funcionario” y “la va asumir” también en adelante, ha recalcado.
A raíz de la denuncia de la Fiscalía, la portavoz de Participa, Susana Serrano, ha vertido duras críticas contra los Gobiernos de Zoido y de Espadas, pues considera que ambos “miraron para otro lado” con la gestión de Carretero.
Ha recordado que el pleno de noviembre de 2015 aprobó reconocimientos de deuda de Carretero, que no apoyó Participa, y que el anterior delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano (PP), dijo que “jamás encontró un resquicio de irregularidad”, y el actual, Juan Carlos Cabrera (PSOE), habló de que que “la Feria tiene sus singularidades”.
“Lo que nos parece es que hay demasiado compadreo y exigimos las responsabilidades políticas correspondientes. Espero que ahora Serrano y Cabrera se expliquen mucho mejor, aunque quizás sea ante la Fiscalía”, ha dicho.
Serrano también ha puesto el acento en las empresas que corrompen, no sólo en los políticos corruptos, apuntando que “todas las empresas implicadas en casos de corrupción municipal deberían ser excluidas de la contratación pública”.
