El Ayuntamiento de Sevilla aún no ha tomado una decisión sobre la presentación de un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula dos de los artículos de la ordenanza municipal de recogida de residuos, pero sí ha apuntado que regulará “para que no haya vacíos legales” el ofrecer a los establecimientos la posibilidad de optar a distintos gestores de aceites usados y no exclusivamente a uno.
Según Espadas, hay que ponderar “la posibilidad de libre competencia entre empresas autorizadas y las garantías de consumo y salubridad de que funcionen correctamente esos canales domiciliarios y de hostelería”. En este sentido, ya están trabajando en la modificación de la organización del dispositivo de gestión de aceites usados, teniendo en cuenta que “la línea judicial manifiesta que no era correcto el sistema del anterior gobierno”.
Así, recuerda que ya existió un primer pronunciamiento judicial sobre el contrato que tenía Lipasam con la empresa de los residuos y aceites usados que “cuestionaba la exclusividad de una empresa respecto a las otras”.
En este sentido, señala que esta nueva sentencia del TSJA se centra en la ordenanza que regulaba el sistema y se muestra en línea con la que hacía referencia al contrato, incidiendo en que “no se justifica esa exclusividad o monopolio o que se discute que los inspectores de Lipasam puedan ser agentes de la autoridad respecto a alguien que no cumpla esa norma”.
Remunicipalización
La propuesta de IU es bien distinta. Su portavoz municipal, Daniel González Rojas, ha señalado que es el momento de que el Ayuntamiento “dé un paso al frente” e inicie los trámites necesarios para asumir directamente, a través de Lipasam, la gestión de la recogida y reciclaje del aceite usado en la ciudad.
Rojas ha criticado que lo que “debería haber sido una labor de limpieza más del Ayuntamiento se ha convertido en un foco de conflicto judicial y de intereses”. “Lo que ha ocurrido se veía venir”, ha señalado, recordando que suu grupo ya denunció el “pelotazo” promovido en su día por el PP con este contrato, “a todas luces ilegal”.
Ha abogado por “recuperar de una vez este servicio para lo público”, apuntando que “no sólo se trata de rescatar algo privatizado”, sino que con esta medida se crearía “una nueva e importante vía de financiación para Lipasam, algo muy demandadopor los propios trabajadores, que ven como, cada vez más, se externalizan servicios y se debilita una empresa pública que es de todos”.
Por eso, Rojas ha pedido a Espadas, “que tan crítico fue en la oposición con el monopolio impuesto por Zoido, llegando incluso a prometer un cambio de 180 grados en el sistema de recogida de aceite usado, que sea valiente y haga suya nuestra propuesta”.
