El colectivo de monitores de apoyo está formado por más de 170 trabajadores que realizan funciones de monitor de educación especial en los centros educativos públicos de la provincia de Cádiz. El mismo ha pedido a la Junta de Andalucía que abra el proceso para acreditar a las personas que actualmente se encuentran prestando este servicio externalizado y así acabar con la incertidumbre laboral que están sufriendo.
Además, los trabajadores exigen a las empresas que tienen la adjudicación en la provincia -Eulen y Samu- que cumplan con las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo.
Las condiciones laborales de estos trabajadores, según palabras del colectivo, “no están en sintonía con la importante labor social y educativa en beneficio de los menores que más lo necesitan”.
La Agencia Pública de Educación y Formación (ISE) saca a concurso el servicio cada dos años. Como consecuencia, las empresas, en lo que el colectivo califica de “tráfico ilegal de los trabajadores”, pujan a la baja por el trabajo de los monitores que con cada licitación ven cómo hay una merma de su salario y de sus condiciones laborales (incumplimiento del período obligatorio de contratación, consideración de jornada parcial, menores vacaciones, etc).
Además, sufren “graves discriminaciones laborales ya que, en función de la empresa en la que trabajen, tienen diferentes bases salariales y diferente categoría profesional”, explica el colectivo.
Sus dos reivindicaciones principales son, por un lado, la apertura de un proceso de acreditación anterior a la finalización de la actual licitación que termina en 2017 y, por otro, el cumplimiento del décimo cuarto Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad por el que se rige su actividad.
El colectivo está formado por profesionales con una amplia experiencia y formación, desde maestros hasta trabajadores sociales, pasando por auxiliares socio-sanitarios. Sin embargo, en el último pliego del ISE se les exige la titulación de Técnico en Integración Social o una acreditación para la que sólo se sacaron 300 plazas para un colectivo formado por más de 800 personas en toda Andalucía.
La falta de acreditación genera inseguridad laboral y ya se han producido los primeros despidos por no cumplir con este requisito, señalan los monitores afectados. Por eso, la principal reivindicación del colectivo es que se ponga en marcha el proceso de acreditación y que “el número de plazas que se propongan sean lo suficientemente amplias para que en ellas tengan cabida todas las personas que se encuentran actualmente prestando el servicio y las que hayan perdido su relación contractual por causa de la falta de acreditación”.
Eulen y Samu son las empresas que tienen actualmente adjudicado el servicio en la provincia de Cádiz. “Dado que vulneran con frecuencia los derechos laborales, el colectivo de monitores de apoyo les exige que cumplan con el pliego de condiciones y el convenio colectivo e insta a la Junta de Andalucía a que vele por el cumplimiento de los mismos”, concluyen los monitores de educación especial.
