Para CSIF, la propuesta planteada ayer por PSOE y Ciudadanos para suprimir las diputaciones provinciales resulta inadecuada, ya que no ha sido negociada de antemano con todos los grupos parlamentarios ni ha contado con los representantes legales de los trabajadores, quienes se verían directamente afectados.
En Cádiz, la plantilla de la Diputación cuenta con unas 1.600 personas y ofrece servicios esenciales a municipios de menos de 20.000 habitantes. De esta manera, en caso de que se suprimieran estos organismos provinciales, además del problema de saber en qué situación quedarían los 1.600 trabajadores, habría 29 municipios que se quedarían sin servicios como la gestión de la recaudación, obras o mantenimiento de carreteras, además de los planes de empleo patrocinados por la Diputación.
CSIF defiende un modelo de administración moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos, con una gestión transparente y rigurosa. Así, esta gestión incluye una correcta planificación de los puestos de trabajo, reforzando aquellos ámbitos donde sea necesario, porque, como apunta el responsable de Administración Local de CSIF-Cádiz, Francisco Silvestre, “no sobran trabajadores, vistos los problemas en la prestación de servicios que han provocado los recortes; quizás lo que sobran son cargos políticos y de confianza, como asesores”.
Por tanto, CSIF insiste en que las decisiones que se adopten deben de negociarse y no pueden perjudicar ni a los trabajadores (dado que las plantillas ya han sido suficientemente mermadas durante esta crisis), ni por supuesto a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
