El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes las ordenanzas fiscales para 2016 con los votos a favor de PP y Ciudadanos (C's) y la abstención de PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente.
En un pleno extraordinario, el concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Consistorio malagueño, Carlos Conde, ha defendido la rebaja fiscal indicando que se trata de medidas destinadas a ayudar a los colectivos más desfavorecidos y a potenciar la reactivación económica de la capital. Así, ha recalcado que supone un ahorro de 10 millones de euros para los malagueños.
Sin embargo, para la portavoz municipal del PSOE, María Gámez, este ahorro de 10 millones de euros, "que no figuran en ningún informe y que tenemos que creérnoslo como un acto de fe", constituyen una mínima parte que se devuelve a los ciudadanos tras lo recaudado por el Consistorio en los ejercicios de 2012/2013 y 2013/2014, cuando se obtuvieron, ha dicho, unos 30 millones de euros.
Así, ha señalado que recaudó con respecto al IBI en el ejercicio 2012/2013 "unos siete millones de euros de más", y correspondiente al 2013/2014 unos 2,5 millones. Con respecto a la plusvalía, en el 2012/2013 fue de "10 millones de euros de más" y en el siguiente, unos 11,6. De este modo, ha abogado por unos impuestos "más equitativos".
Gámez ha criticado que durante estos años muchas personas se han visto obligadas a renunciar a herencias o algunos locales hayan desistido de instalar terrazas por no poder hacer frente a los elevados impuestos correspondientes. "Suponía un esfuerzo tan grande que decidieron perder la actividad", ha apuntado.
Por parte de Málaga Ahora, el edil de la formación Juan José Espinosa ha manifestado que son más partidarios de "una redistribución más justa" de los impuestos antes que bajarlos. También ha precisado que en algunas medidas se podía haber ido más allá.
Por ejemplo, ha indicado que en el IVTM se podría haber realizado un recargo para los vehículos más contaminantes y con respecto al bono anual de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), por valor de 290 euros, ha planteado que se pueda fraccionar dicho pago en tres meses, así como eliminar la necesidad de estar empadronado para disfrutar de este servicio y el establecimiento de un bono gratuito para menores de 14 años.
El portavoz municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, también ha considerado que las medidas son "mejorables" y que se podría haber incidido en "criterios más sociales". Así, ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de conseguir "unas ordenanzas "más justas y equitativas" que estén "redistribuidas acorde con la capacidad económica" de los contribuyentes.
No obstante, ha alabado "el diálogo y trabajo previo" con otros grupos políticos que ha llevado el equipo de gobierno para tratar las ordenanzas, pero ha criticado que no hiciera lo mismo en el pasado mandato cuando el PP poseía mayoría absoluta.
Por otro lado, el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha hecho hincapié en la necesidad de "simplificar la normativa fiscal" para "hacer menos leyes y más efectivas". También ha insistido en que "no se está pensando en la clase media", que ha pasado "lo peor de la crisis".
Finalmente, Conde, en su intervención de respuesta, ha indicado que el equipo de gobierno del PP ha negociado con los demás grupos políticos en el pasado mandato y ha destacado que Málaga se sitúa en el puesto 39 de 50 de ciudades españolas en relación con la presión fiscal por habitante, por detrás de ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Sevilla. Así, ha concluido asegurando que "estamos orgullosos de bajar los impuestos".
CONGELACIÓN DE LAS TARIFAS DE LA EMT Y BAJADA DE LA PLUSVALÍA
De este modo, el Pleno ha aprobado dichas medidas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, como la congelación de los precios de los autobuses urbanos, de los 'parkings', de la zona azul y de la grúa.
Asimismo, a propuesta de Ciudadanos, se crea un bono anual en la EMT, con un coste de 290 euros, lo que supondrá un ahorro de casi el 40 por ciento si se comprase la tarjeta mensual durante los 12 meses.
Los nuevos beneficios fiscales se añaden a los que lleva concediendo desde hace años el Ayuntamiento de forma potestativa y que en 2016 se mantienen; por ejemplo, en el IBI de familias numerosas o en inquilinos de VPO y en bonificaciones en el IAE, el ICIO y el IVTM, por lo que, en la práctica, el ahorro fiscal para los ciudadanos superará esos 10 millones.
Respecto a la Plusvalía, se bajará el tipo de gravamen del 30 al 29 por ciento para todas las transmisiones en la ciudad; se aplicará la exención para la dación en pago, y se mejorarán las bonificaciones en transmisiones mortis causa, para las que se toma el máximo legal permitido, el 95 por ciento, en el caso de las residencias de menos de 75.000 euros de valor catastral. Éstas representan en torno al 71 por ciento de todos los inmuebles de la capital.
Otra de las medidas incluidas en la propuesta para 2016 es la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos, ya que no se exigirá su pago cuando el resultado de la aplicación de la tarifa resulte igual o inferior a 500 euros.
En relación con el ICIO, para 2016 se suma una bonificación del 95 por ciento para la construcción de inmuebles para residencia de refugiados y colectivos de especial atención; del 90 por ciento para obras e instalaciones de mejora en la accesibilidad de inmuebles para personas con discapacidad; del 75 por ciento para los nuevos que se sitúen en parques empresariales, incluyendo el PTA, y del 50 por ciento para jóvenes agricultores o ganaderos para su adaptación a la normativa sectorial comunitaria.
Sobre el IVTM, se apoyan las energías alternativas, por lo que se ampliará el plazo de la aplicación de la bonificación sobre vehículos eléctricos de uno a cinco años, así como la gratuidad de estacionamiento en zona azul.
IBI
En cuanto al Reglamento de Ayudas al IBI, como novedad en la propuesta de 2016, se ha buscado ajustar el límite de rentas al indicador oficial; es decir, se sustituye el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); en concreto, 1,5 veces éste último, pasando, por tanto de 10.896 a 11.182 euros.
Esta medida permitirá ampliar el número de familias beneficiarias de las ayudas al IBI que consisten en la bonificación del 50 por ciento de la cuota. Estos beneficios fiscales se otorgan a pensionistas; desempleados; menores de 30 años; discapacitados; titulares de pensión de gran invalidez; separados, divorciados, viudos y padres o madres solteras con hijos menores a su cargo, que cumplan los requisitos económicos indicados, o sin cumplirlos, a solicitantes con niños de menos de un año y víctimas de violencia de género.
