Emerita Resources España ha solicitado a la juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar que cite a declarar como imputado al secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Cecilio Fernández Guerrero.
En un escrito fechado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, Emerita pide además a la juez de Instrucción número 3 que cite a declarar "como testigos o imputados" a otras nueve personas, entre ellas seis miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación que todavía no han sido llamados a la causa tras ser detenidos por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Así, se trata de Aurora Gomera y Luis Cordero, miembros de la comisión técnica; del jefe de servicio de Protección Ambiental, Manuel Gil; del secretario de la mesa de contratación, Juan Manuel Revilla; del jefe del servicio de Minas y miembro de la mesa de contratación, Iván Maldonado, y del secretario general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y también miembro de la mesa de contratación, José Salvador Camacho.
Cabe recordar que la acusación que ejerce Ecologistas ya pidió a la juez la imputación de Juan Manuel Revilla, Iván Maldonado y José Salvador Camacho, pero la instructora dictó un auto donde acordaba "estar a la espera de las diligencias en curso para resolver lo procedente" sobre dicha petición de imputación.
De igual modo, y tal y como adelanta este miércoles 'El Mundo', Emerita pide a la magistrada que cite "para declarar como testigos o imputados, según entienda", a Isidro y Mario López Magdaleno, "dueños de Magtel y representantes de Minorbis", y a Ángel Joaquín Maestre García, "que participó en la elaboración de las bases y en el proyecto de Minorbis-Grupo México".
Emerita asevera en su escrito que "del estudio de la documentación aportada se puede ver claramente el conjunto de actuaciones tendentes al amaño de la licitación", ya que el objetivo de la Junta "no era otro que entregar los derechos mineros a quien previamente a cualquier procedimiento ya habían decidido".
"No nos encontramos aquí ante una UTE sino ante una sociedad creada ex profeso, a partir de una S.L. de conveniencia, con objeto de oscurecer y tapar una maniobra expresamente prohibida por la Ley, como es la cesión sin autorización de unos derechos, ya adquiridos de forma irregular por un conseguidor, a un tercero que no quería (o podía) aparecer a las claras", asevera.
Al hilo, Emerita resalta que, en un informe, Vicente Cecilio Fernández Guerrero "afirma en primer lugar que el licitador y adjudicatario es Minorbis --sin nombrar a Grupo México como licitadora, abundando en la evidente falsedad--, para luego reconocer expresamente que Minera los Frailes S.L. es una entidad diferente".
INFORME DE LA CHG
De hecho, "da por acreditada la solvencia de Minera los Frailes tan solo porque posee 93 millones de euros de fondos propios, sin entrar a valorar que no acreditan ninguno de los requisitos exigidos en la licitación", sostiene Emerita, que añade que, "tras reafirmarse en la falsedad de la concurrencia en solitario de Minorbis, reconocer que acepta una sociedad diferente, y darla por buena sin entrar en ninguna de las consideraciones legales necesarias, queda en evidencia la prevaricación" cometida por este alto cargo de la Junta.
En esta causa, cabe recordarlo, hay ya siete personas imputadas, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, que fue cesada en agosto tras su imputación.
De otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) entregó el pasado 29 de septiembre en el Juzgado el informe que sobre el proyecto de Emerita le había reclamado la magistrada en varias ocasiones.
De este modo, la CHG ha entregado en el Juzgado una copia del 'Informe a la consulta de compatibilidad planteada por Emerita Resources España en relación con la explotación de la mina de Aznalcóllar', elaborado el 9 de diciembre de 2014 y donde analiza la propuesta que en materia de balsas de aguas de contacto, filtraciones y regulación realizó la empresa perdedora del concurso.
